La última reforma fiscal aprobada a finales del 2012 suponía un aumento en los ingresos de unos 37 mil millones, especialmente a través del incremento del ITBIs del 16% al 18% y de la eliminación de algunas exenciones a varios productos.
Sin embargo, algunos impuestos no fueron aplicados como el de las placas de acuerdo con el valor del vehículo con lo que se redujeron las estimaciones de ingresos en unos 10 mil millones.
La reforma no contemplò un ajuste en el gasto (reforma integral) por lo que el dispendio gubernamental siguió a la orden del dia. Tampoco las recaudaciones alcanzaron lo que se esperaba.
10 años después seguimos sufriendo los efectos de una política fiscal totalmente divorciada de la realidad económica dominicana. Ocupamos el tercer lugar en toda la ALC con la presión fiscal más baja rondando el 16.5%.
El mejor momento para realizar una reforma fiscal integral fue en los años 2016 y 2017, después de la reelección de Danilo Medina cuando la economía crecía sobre su potencial y la inflación se ubicaba en el rango meta (1%-4%).
Pero no se hizo. Llegó el 2019 y siendo un año preelectoral a nadie se le ocurriría hablar de reforma fiscal. En el 2020 llegaron las traumatizadas elecciones donde ganó el PRM y Luis Abinader como presidente de la Republica.
Sin embargo, el nuevo gobierno asume el poder en medio de la pandemia del COVID-19 y hablar de reforma fiscal era mencionar al diablo.
Vino el 2021, un año excelente y con una recuperación del crecimiento que supero todas las expectativas convirtiéndose en el ideal para lanzar la reforma buscando el mayor consenso posible.
No pasó un mes y medio del 2022 y Rusia decide invadir a Ucrania conmocionando nuevamente al mundo. La guerra lo cambio todo, comenzando con un repunte brutal de la inflación y un freno al crecimiento.
Así se pierde el 2022 y el 2023, porque aún la guerra persiste, hay fuertes confrontaciones geopolíticas, bloqueos al comercio y potenciales crisis financieras por los elevados niveles de deuda y déficits en la mayoría de los países.
Aun suponiendo se logre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en lo que resta del 2023, el próximo año habrá elecciones en el país y no existieran condiciones para discutir una reforma fiscal.
En efecto, el 2025 sería el año decisivo, pero advirtiendo que cualquier reforma que se apruebe debe ser de aplicación gradual en un plazo de unos 4 años para que el tema sea resuelto para los próximos 10 años.
Esa gradualidad permitiría aumentar la presión fiscal de 15% actual a un 18% en los 4 años de vigencia.
Y advertimos que este es un tema de interés nacional, por lo que cualquier promesa de alguno político de que no haría una reforma fiscal si gana las elecciones es pura charlatanería.