Por: Yanio Concepción
La República Dominicana enfrenta un desafío estructural: una economía que consume más de lo que produce y que depende en exceso de sectores no transables como servicios, comercio y financiamiento.
Mientras tanto, el mundo avanza hacia modelos productivos más resilientes, sostenibles y comunitarios.
En este contexto, las cooperativas agropecuarias e industriales no son solo una opción: representan una necesidad estratégica para el desarrollo nacional, la seguridad alimentaria y la soberanía económica. De ahí el reto impostergable de definir “el país que produce vs. el país que importa”.
Para garantizar un desarrollo ambiental y productivo sostenible, el apoyo financiero debe orientarse hacia la promoción de cooperativas agropecuarias e industriales, verdaderas claves para impulsar la producción, aumentar las exportaciones y reducir la dependencia de sectores que generan poco valor agregado.
Estas cooperativas tienen la capacidad de fortalecer la seguridad alimentaria, dinamizar la economía desde los territorios y crear industrias competitivas a partir de la asociatividad.
Aunque el país cuenta con más de dos mil cooperativas, menos del 10% se dedica a la producción agropecuaria o industrial, lo que evidencia un enorme potencial sin aprovechar.
El modelo cooperativo democratiza la propiedad, distribuye los excedentes en las comunidades, facilita el acceso al crédito y organiza a pequeños productores para competir en mercados locales e internacionales. Experiencias exitosas como el modelo cooperativizado del País Vasco en España demuestran que la intercooperación, la democracia interna, la gestión ética y el compromiso social son claves para un desarrollo sostenible y resiliente ante desafíos como el cambio climático.
El desarrollo territorial sostenible exige proteger los recursos naturales, asegurar sistemas alimentarios responsables y promover un crecimiento rural que favorezca el bienestar comunitario y una mayor cohesión social.
El sector agropecuario, uno de los pilares históricos del país, demanda modernización, tecnología y mayor capacidad de procesamiento industrial. A través de cooperativas, los productores pueden integrar plantas de empaque, transformación y exportación, elevando la productividad y obteniendo mejores precios. Lo mismo aplica a la industria: las cooperativas pueden liderar procesos de manufactura ligera, procesamiento de alimentos, productos sostenibles, manufactura ética y encadenamientos productivos regionales.
Para aprovechar esta oportunidad, el Estado debe implementar políticas públicas claras que incentiven la industrialización cooperativa, financien infraestructura productiva, faciliten el acceso a compras gubernamentales, promuevan certificaciones de exportación y conecten a las cooperativas con los mercados globales.
En este proceso, las Cooperativas de Ahorro y Crédito están llamadas a convertirse en el soporte financiero fundamental de la transformación productiva del país.
El Cibao y especialmente La Vega posee condiciones idóneas para consolidarse como un polo cooperativo agroindustrial exportador. Si articulamos producción, innovación, financiamiento y organización comunitaria, la República Dominicana puede avanzar hacia un modelo económico más inclusivo, competitivo y sostenible.
El desarrollo nacional no depende únicamente de atraer capital externo, sino de fortalecer a quienes producen desde nuestras propias comunidades.
El futuro dominicano será más próspero si apostamos por un modelo cooperativo productivo y exportador, capaz de generar riqueza local y competitividad global.