Las empresas que implementen criterios de sostenibilidad y que quieran ser contratistas del Estado dominicano tendrán mayores posibilidades de ser adjudicadas.
Esta afirmación corresponde al titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, quien participó en el Encuentro Industrial, titulado “Nueva Ley 47-25 y su impacto en los sectores productivos”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
De acuerdo con el funcionario, la nueva normativa incluye el criterio “valor por dinero”, el cual busca un triple impacto en el gasto de los fondos públicos: social, económico y medioambiental.
Al referirse a otros aspectos de la Ley 47-25, Pimentel destacó que establece disposiciones “muy robustas” para la prevención de prácticas anticompetitivas en los procesos de contratación, pero, además, para la persecución de la colusión.
La referida legislación, según el titular de la Dirección de Contrataciones Públicas, establece sanciones de tipo penal de dos a 10 años. Además, aseguró que esta ley, junto con el nuevo Código Penal, dota a República Dominicana con un sistema “muy fuerte” para la persecución, investigación y sanción de la corrupción.
“La Ley 47-25 permitirá que la gente decente pueda hacer negocio con reglas claras, pero los que buscan la opacidad y la ilegalidad tendrán que encontrarse con un régimen de control y de sanción robusto que no dé espacio a la impunidad”, afirmó.
Valor por dinero
Para que una compra cumpla con el criterio “valor por dinero” debe incluir tres aspectos, que son minimizar el costo de los recursos utilizados, lograr la mejor relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos, así como asegurar que el bien o servicio resuelva la necesidad para la que fue comprado.
Con este criterio, la nueva normativa busca eficientizar los fondos públicos, mejorar la calidad de los servicios que recibe el ciudadano y fomentar la transparencia, justificando las adjudicaciones no solo por precio, sino por mérito técnico.