Dentro del grupo de empresas activas se encuentran entidades reconocidas que fueron creadas entre el 1932 y 1985, aunque todas se inscribieron como suplidoras del Estado a partir de 2005, cuando inició un proceso para “modernizar” las compras públicas.
La Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) informó el pasado mes de diciembre que durante el año 2025 emitió 35 decisiones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado (RPE), incluyendo inhabilitaciones temporales por incumplimientos contractuales e inhabilitaciones permanentes por la presentación de documentos falsos o adulterados.
A esa decisión se sumaban la cancelación y suspensión de oficio de 91 registros de proveedores de personas condenadas o procesadas por delitos de corrupción.
Aunque la rendición no indicaba la cantidad de empresas que ofrecen servicios a las instituciones gubernamentales, de acuerdo al listado de proveedores del Estado dominicano, registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y actualizado el pasado 14de enero de este 2026, en el país hay unas 80,034 empresas activas suplidoras del Estado.
Dentro del grupo de empresas activas se encuentran entidades reconocidas que fueron creadas entre el 1932 y 1985, aunque todas se inscribieron como suplidoras del Estado a partir de 2005, cuando inició un proceso para “modernizar” las compras públicas.
Del total de las 80,034 empresas activas, unas 8,568 corresponden a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
El listado de proveedores del Estado registrados en el SECP, posee más de 125 mil empresas, debido a que agrupa aquellas que su razón social fue cancelada, desactualizada, está inactiva o suspendidas.
En total, y de acuerdo al listado, Compras y Contrataciones ha cancelado 9,159 empresas; ha desactualizado 32,019; unas 3,126 están inactivas; 124 inhabilitadas y 653 han sido suspendidas.
Dentro de las últimas empresas suspendidas por la DGCP, a través de la resolución DGCP44-2025-005056, están aquellas ligadas al entramado del pago de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), estás son: Farmacard, KHERSUN, Deleste, propiedad del grupo Read, cuyo representante es Eduardo Read Estrella y la empresa JCMV Despacho Legal, también vinculada a él.
Otras empresas suspendidas fueron Nutri-Med Cas, Nutrición & Medicina, de Cinty Acosta; Lufarca, propiedad de Ana Ledesma; Flavorheart Food Parts, de Heidi Pineda Perdomo; Grupo Siulrod de Ramón Alan Speakler Mateo.
Comercializadora Netofa, Comercializadora Gabao y Comercializadora Harif, empresas de Ramón Frankelis Liriano Fabián que fueron usadas por José Pablo Ortiz Giráldez para el cobro de sobornos. Además, las empresas creadas por Ortiz Giráldez para el cobro de sobornos como PDSS Servicios A Tu Salud, OGSS Prestadora De Servicios De Salud.
Se recuerda que José Pablo Ortiz Giráldez es uno de los testigos que posee la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el caso Senasa. Este hombre que se definió como amigo de 30 años de Santiago Hazim, exdirector de esa entidad, era la persona clave para el cobro de sobornos, el cual se desempeñaba como enlace entre los empresarios y el exadministrador del Seguro Nacional de Salud, de acuerdo a la solicitud de medida de coerción presentada contra las 10 personas involucradas hasta el momento.
El pasado 14 de diciembre el juez Rigoberto Sena, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Santiago Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de servicios de Salud; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; además de los suplidores Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Mientras que en contra de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, se dictó prisión domiciliaria.