Por Yanio Concepción
El Sistema Cooperativo Dominicano se ha consolidado como un actor clave en el desarrollo económico y social del país. Con más de 2 millones de asociados y unas 2,400 cooperativas activas en sectores como ahorro y crédito, agricultura, salud, educación y transporte, el sector moviliza activos superiores a los RD$450 mil millones, lo que representa aproximadamente el 5.57 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Este crecimiento sostenido evidencia la efectividad del modelo cooperativo como una herramienta de inclusión financiera, generación de empleo y fortalecimiento comunitario, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, pese a estos avances, el sector enfrenta desafíos estructurales, regulatorios y tecnológicos que amenazan su estabilidad y desarrollo a largo plazo.
El marco legal que regula el cooperativismo en la República Dominicana se fundamenta en la Ley 127-64, su reglamento 623-86, la Ley 31-63 y la Ley 155-17 sobre lavado de activos. Aunque estas normativas se mantienen vigentes, han quedado rezagadas frente a los avances tecnológicos y financieros del siglo XXI, lo que limita la competitividad del sistema cooperativo frente a otras entidades del sistema financiero nacional.
Uno de los grandes retos es la modernización tecnológica del sector. Si bien la filosofía cooperativa ha demostrado ser resiliente, inclusiva, solidaria y centrada en las personas, su capacidad para innovar y atraer a nuevas generaciones depende de su adaptación a los entornos digitales contemporáneos.
Otro desafío clave es el fortalecimiento institucional del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), órgano regulador y supervisor del sistema. En la actualidad, el Idecoop no dispone de una estructura robusta para ejercer una supervisión efectiva e integral sobre los aspectos económicos y sociales de las cooperativas.
A pesar del interés expresado por el presidente Luis Abinader en mejorar esta situación, aún no se ha alcanzado un consenso eficaz entre los líderes del sector para implementar una reforma consensuada y sostenible.
Asimismo, la baja participación juvenil en espacios de gobernanza cooperativa revela la urgencia de trabajar en un verdadero empalme generacional, que garantice la sostenibilidad del modelo cooperativo en las próximas décadas.
Una propuesta que podría transformar el panorama del sector es la creación de un Banco Cooperativo Nacional, que permitiría centralizar recursos, ampliar el acceso al crédito y fortalecer el sistema financiero cooperativo sin comprometer su esencia solidaria y participativa.
Frente a estos desafíos, se plantean soluciones estratégicas como:
- Inversión en infraestructura tecnológica que garantice servicios eficientes y seguros.
- Programas de formación profesional para elevar la capacidad de gestión de los líderes cooperativos y el equipo tecnico del Idecoop.
- Elaboración de políticas públicas que fortalezcan el marco regulatorio y que integren al sector cooperativo dentro del sistema financiero nacional.
- Establecimiento de redes de cooperación entre cooperativas para promover proyectos conjuntos.
- Promoción activa del cooperativismo entre jóvenes y comunidades rurales como vía de inclusión social y económica.
El cooperativismo dominicano continúa siendo una poderosa herramienta para transformar la vida de miles de familias. No obstante, para consolidarse como un actor competitivo y sostenible dentro del sistema financiero nacional, deberá asumir una transformación profunda, tanto legal como tecnológica.
Con liderazgo comprometido, visión estratégica y una actualización normativa integral, el sistema cooperativo puede seguir siendo motor de equidad, desarrollo local y cohesión social en la República Dominicana.