El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que ha devuelto RD$4,000 millones a ciudadanos que presentaron reclamaciones contra proveedores de bienes y servicios durante los cinco años de gestión de Eddy Alcántara.

La entidad atribuyó la recuperación de estos recursos a los acuerdos de conciliación entre consumidores y proveedores. Según sus estadísticas, el monto equivale a seis veces el dinero restituido antes de la llegada de la actual administración.

Alcántara explicó que las devoluciones pasaron de aproximadamente RD$700 millones acumulados en gestiones anteriores a RD$2,000 millones durante los primeros dos años de su mandato, hasta alcanzar la cifra actual.

Entre los principales motivos de las quejas figuran los conflictos inmobiliarios, especialmente por la compra de viviendas en planos, así como inconvenientes relacionados con electrodomésticos, vehículos y contratos de servicios.

También se encuentran las reclamaciones por incumplimiento de garantías, cobros indebidos y dificultades para cambiar o recibir reembolsos por productos y servicios adquiridos.

En octubre de 2024, Pro Consumidor reportó que había recuperado más de RD$2,000 millones en sus primeros tres años y siete meses de gestión, tras recibir 26,500 reclamaciones y denuncias, de las cuales unas 19,000 fueron conciliadas.

Posteriormente, en septiembre de 2025, la institución situó en alrededor de RD$3,000 millones el dinero devuelto a los consumidores. Un año después, durante la celebración de su 18 aniversario, informó que había atendido más de 62,000 reclamaciones y denuncias, con recuperaciones cercanas a RD$3,551 millones.

El director ejecutivo sostuvo que la nueva cifra de RD$4,000 millones representa un incremento en los recursos restituidos a quienes acudieron a la institución para buscar soluciones ante situaciones que consideraban perjudiciales para sus derechos.

Alcántara defendió la conciliación como una herramienta para facilitar acuerdos entre consumidores y proveedores sin necesidad de acudir directamente a los tribunales. Este procedimiento permite la intervención de Pro Consumidor para promover el diálogo y orientar a las partes sobre sus derechos y obligaciones conforme a la legislación vigente.