Para el presidente de la Cooperativa La Altagracia el único riesgo que se observa en el sistema cooperativo nacional es el jurídico y dentro del mismo, aseguró, existen sectores que actúan como quinta columna bajo la sombrilla del cooperativismo.
En ese orden, Narciso Vargas citó el caso de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC), una entidad que nació bajo el amparo de la Ley 520, modificada por la Ley 122-05, que regula las actividades y el fomento de las Organizaciones sin fines de lucro en la República Dominicana.
Dijo, de manera categórica, que esa entidad es una ONG, que no son cooperativas, sino instituciones de ahorro rural que no están normadas por la Ley 127-64.
Criticó que una asociación de gerentes de cooperativas ha pedido que esa entidad se regule bajo marcos extraños, como su regulación y supervisión bajo la Superintendencia de Bancos y la Autoridad Monetaria y Financiera, lo que calificó de “adefesio y traición” a la filosofía y al sector cooperativo nacional.
“Es un desconocimiento garrafal de lo que son las instituciones cooperativas en el marco del Estado de derecho”, manifestó Narciso Vargas, entrevistado para el periódico Financierodigital.com.
Agregó que “estas personas no son cooperativas, que son gerentes de cooperativas, pagados con recursos del sector cooperativo”.
Resaltó que están actuando para que las cooperativas sean supervisadas y reguladas bajo la protección de la Superintendencia de Bancos, cuando ese es un organismo totalmente diferente a la entidad que las regula y supervisa desde el punto del estado de derecho que es el IDECOOP”.
Indicó que el IDECOOP es un organismo público, encargado de supervisar y fiscalizar las cooperativas, por lo que, es un riesgo sacarlo del debate público, porque los referidos promotores de la traición al cooperativismo están actuando mediáticamente para llevar una posición contraria a la naturaleza y esencia del cooperativismo.
Vargas resaltó que la fiscalización, la regulación, la supervisión y las normas cooperativas tienen que ser diferenciadas de las normas bancarias.
Reiteró que el Estado no tiene ningún riesgo de ser garante y prestamista en última instancia de las acciones cooperativas, sí lo es del sistema regulado bancario tradicional, bajo la ley 183-02.
Año 2023 es del Código Cooperativo
Por otra parte, el presidente de la Cooperativa La Altagracia aseguró que este 2023 será el año del Código Cooperativo.
Resaltó el proyecto del Código Cooperativo de la República Dominicana que, previo a su introducción en el Congreso Nacional, su contenido ya ha recibido todos los consensos internamente en la Cámara de Diputados y en el Senado, a través de los legisladores cooperativistas.
“Evidentemente que hemos logrado a través de nuestros diputados cooperativistas, sobre todo el apoyo del hermano Julito Furcal, que a la vez es vocero en la Cámara de Diputados, se hicieran los consensos y la anuencia de todos los bloques para que nosotros podamos lograr, incluso, formar una comisión bicameral, para el estudio expedito de la pieza legislativa, también con el Poder Ejecutivo”, destacó Vargas.
Argumentó que el presidente Luis Abinader ha mostrado todo su apoyo al Código Cooperativo que significa la actualización del marco jurídico del sistema cooperativo de la República Dominicana.
Sobre el apoyo brindado por el mandatario al proyecto de Código Cooperativo, aseguró que el mandatario ha instado acelerar el paso para que se pueda lograr que las cooperativas, con un marco propicio de actualización desde el punto de vista jurídico y normativo, sean un complemento para el desarrollo económico inclusivo de todos los sectores de la RD.
Expuso que desde el marco teórico del neoliberalismo se observa que las cooperativas no han quebrado en la proporción que han quebrado instituciones bancarias tradicionales.
“Si alguna cooperativa acusa algún régimen de quiebra o de cierre, estos cierres, quiebras o deterioro no afectan al fisco nacional, porque el Estado no es garante ni prestamista en última instancia de las asociaciones cooperativas, tal como están amparadas las instituciones financieras tradicionales por la ley 183-02”, sostuvo.
Controles
Al referirse a los controles, manifestó que los existentes son suficientes y que las cooperativas actualmente, como es el caso de La Altagracia y las grandes cooperativas del país, están manejando fundamentalmente su gestión basadas en riesgos, con un sistema de auditoría que contempla la puesta en cumplimiento de las llamadas Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), las Normas Internacionales de Contabilidad (Dialnet) y las Normas Internacionales de Auditorías (LANI), “de manera que nosotros estamos cumpliendo con esas normas, además de eso nos manejamos con las certificaciones correspondientes”, apuntó.