Un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Cress) revela que, para noviembre del 2024, alrededor de 5.5 millones de dominicanos dependían de algún tipo de ayuda mensual del gobierno. Esta cifra señala que más de la mitad de la población (el 51.1%) depende de los recursos que maneja el Estado, ya sea subsidios, empleos públicos o pensiones.
Según el informe, la cifra ha aumentado un 45% en los últimos cinco años, una diferencia de 1.7 millones en comparación a los 3.8 millones de personas que había en 2019 en esta situación. Explica que, el crecimiento se debe, en gran parte, a la expansión de programas de asistencia social y empleos públicos, impulsados por los efectos de la pandemia de covid-19 y la inflación.
Señala que en 2022 se verificó una cifra cercana al 48% siendo este el año en el cual las autoridades decidieron aumentar el número de beneficiarios de los programas de subsidios por los efectos de la inflación internacional y local. Y establece que, a raíz de la pandemia, se convirtió en una medida pública incrementar la cantidad de personas dependientes de recursos de los contribuyentes.
Sin embargo, subraya que, aunque estas medidas se vieron como una solución en su momento, estas normas de asistencialismo no sustituyen las políticas de creación de empleos y solo refuerzan la dependencia a las ayudas del gobierno.
El programa “Aliméntate” es el que más personas beneficia, cubriendo al 82.1% de los dependientes (1,491,176). Seguido de los empleados públicos, que representan el 13.5%, y los pensionados, con un 4.4%. Desde 2019, el número de familias que reciben ayuda de Aliméntate aumentó en más de 528,000, mientras que los empleados públicos crecieron un 13.7% (89,481) pasando de 655,432 en 2019 a 744,913 en 2024. Además, las pensiones se multiplicaron por cinco, pasando de 10,163 en 2020 a 51,658 en 2024.
Por otro lado, la entidad resalta que República Dominicana cuenta con las condiciones necesarias para hacer cambios que impulsen un crecimiento económico sostenible. Sin embargo, esto requiere de políticas públicas enfocadas en el bienestar de las personas para que puedan, mediante la ética del trabajo, alcanzar sus metas personales.