Representantes de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y otras asociaciones del sector de alimentos escolares expresaron su preocupación por ciertos artículos del proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar, que podrían afectar negativamente a las mipymes en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Durante una rueda de prensa en la sede de Codopyme, su presidente, Fernando Pinales, expresó su preocupación por los efectos que tendría esta iniciativa legal en el sector productivo nacional. “Este proyecto vulnera el principio de seguridad jurídica en nuestro país, al introducir cambios drásticos en un esquema donde miles de empresas han operado conforme a las normas vigentes y bajo supervisión del propio Estado”, declaró.
Pinales explicó que actualmente existen más de 3,000 mipymes registradas como suplidoras del PAE, las cuales cumplen con altos estándares de calidad avalados por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) y Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (ProIndustria). “Tenemos más de RD$8,000 millones invertidos en equipos para garantizar la inocuidad, calidad y eficiencia del servicio”, enfatizó.
El proyecto, aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, propone instalar cocinas dentro de los planteles escolares, lo que ya se puso a prueba sin éxito en un plan piloto durante la gestión anterior. “Ese modelo fracasó por problemas administrativos, falta de personal capacitado e infraestructura inadecuada”, señaló Pinales.
El dirigente empresarial alertó que la exclusión de las mipymes no solo pondría en riesgo 30,000 de empleos formales registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), sino que generaría retrocesos en términos de inclusión productiva, seguridad alimentaria y desarrollo económico local. “El programa de alimentación maneja más de RD$32,000 millones al año, y gran parte de esos fondos impactan directamente en la economía nacional a través de las mipymes”, indicó.
Francisco Capellán, presidente de la Unión Nacional de Suplidores de Almuerzo Escolar (UNSAE), agregó que las escuelas no cuentan con las condiciones adecuadas para cocinar los alimentos. “¿Quién manejará esos alimentos? ¿Los directores? Ellos deben centrarse en lo pedagógico. Ponerlos a comprar carne y arroz es desviar la misión educativa del sistema”, criticó.
Capellán también advirtió sobre el riesgo de accidentes. “¿Quién garantizará la seguridad con tanques de gas instalados en recintos donde hay cientos de niños? Esto podría traer consecuencias lamentables”, afirmó. Añadió que cocinar dentro de las escuelas podría causar distracciones en los estudiantes debido al ruido y olores durante las clases.
Frente a las denuncias de casos de alimentos en mal estado, Rinel Comas, presidente de la Federación Nacional de Suplidores, Alimentos y Afines (Fenafin), aseguró que la mayoría de los suplidores cumplen con rigurosos estándares de calidad. “Estamos certificados y vigilados por las instituciones estatales competentes. No se puede generalizar por casos puntuales”, expresó.
Comas reiteró que el compromiso del sector es con la alimentación escolar de calidad. “Somos empresarios, sí, pero entendemos que primero está la salud y la nutrición del niño. Por eso defendemos un modelo que ha dado resultados y ha sido evaluado positivamente por las propias autoridades”, sostuvo.
Por su parte, África Montás, presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias (Asodoina), explicó que el rechazo al proyecto se centra en los artículos 13, 14, 44 y 45, que abren la posibilidad de que cualquier persona o entidad sin experiencia ni certificación participe en la elaboración de los alimentos en las escuelas. “Nosotros no somos terceros. Somos industrias certificadas con años de inversión y cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. No se nos puede reducir a una categoría genérica que desvaloriza nuestro trabajo”, declaró.
Montas también pidió que se respete la inversión hecha por estas empresas. “Hablamos de más de RD$8,000 millones. Esto también es inversión nacional, y merece protección del Estado igual que la inversión extranjera”, añadió.
Andrea Peralta, presidente de la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas del Cibao (Asupliderd), recordó que ya existió una experiencia similar en la pasada administración. “Hubo 400 cocinas dentro de escuelas, y antes de cumplirse un año tuvieron que ser desmontadas por la mala calidad de los alimentos. Los niños comían cualquier cosa, no se seguía el menú oficial, y todo fue un desastre”, denunció.
Además, Peralta criticó que el artículo 45 del proyecto establece un “desmonte progresivo” del modelo actual, lo cual implicaría el traspaso de las cocinas de los suplidores a los centros educativos. “¿Cómo vamos a entregar instalaciones privadas que fueron montadas con inversión propia? Eso no es viable ni legal”, cuestionó.
Los representantes del sector insistieron en que no están en contra de una ley de nutrición y alimentación escolar, pero que esta debe incluir y fortalecer el papel de las mipymes. “La solución no es excluir, sino mejorar lo que funciona. El modelo actual ha servido millones de raciones diariamente, con logística, calidad e inocuidad”, dijo Pinales.
Los gremios hicieron un llamado al Congreso Nacional para que revise cuidadosamente el proyecto, escuche a los sectores involucrados y respete los principios de seguridad jurídica, inclusión y sostenibilidad.