Por Guillermo Caram
Ante las discrepancias alrededor de la deuda dominicana con Venezuela, el gobierno dominicano debía disponer una auditoría para cotejar valores.
Se recuerda que mientras gobernantes venezolanos plantean acreencias por US$ 350 millones, en los registros de deuda pública dominica solo aparecen deudas por US$ 215 millones. Una diferencia de US$ 135 millones equivalente a RD$8 000 millones.
Dicha auditoria debe determinar si la diferencia se produce alrededor de las operaciones de compra de las acciones de REFIDOMSA por Venezuela, pagándola con la deuda acumulada por el financiamiento del petróleo dentro del acuerdo de San José y Petrocaribe; así como por la recompra de dichas acciones con financiamiento de bonos soberanos.
Dicha auditoría debería ser aprovechada para investigar tanto si hubo acciones dolosas alrededor de estas dos operaciones multimillonarias como si se cumplieron todos los tramites institucionales correspondientes.
Por ejemplo, y al tratarse de una operación entre dos empresas de dos Estados, que pudiera devenir en situaciones mayores que afecten nuestra soberanía; determinar si no había que someter dichas operaciones para la ratificación correspondientes por el Congreso Nacional.
Esta auditoría es imprescindible para preparar una adecuada defensa ante una eventual gestión de cobro procedente de Venezuela, incluso ante cortes internacionales; como también por la posibilidad de colocarse a la ofensiva ante estos mismos tribunales si es que la auditoría reflejan operaciones dolosas o procedimientos insuficientes o irregulares.