Representantes de pequeñas y medianas empresas suplidoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pidieron que los cuestionamientos surgidos en torno a recientes adjudicaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) sean investigados hasta las últimas consecuencias, pero advirtieron que las responsabilidades deben ser individuales y no afectar a todo el sector.
“Que dos o tres hayan hecho cosas indebidas no significa que todos los otros hicimos lo mismo. No se puede afectar a las mipymes que cumplen con las normas y con compromisos del Programa de Alimentación Escolar”, expresó Riniel Coma, presidente de la Federación Nacional de Suplidores de Alimentos.
El pronunciamiento se produce luego de una serie de reportajes de N Investiga que han puesto bajo cuestionamiento adjudicaciones del programa de alimentación escolar.
Una de esas investigaciones reveló que tres proveedores vinculados a jóvenes de entre 19 y 24 años, residentes en Azua y con empresas de reciente creación, obtuvieron contratos que en conjunto superan los RD$110.7 millones para suministrar almuerzos escolares en San Pedro de Macorís.
Entre los casos figura Beltré Beltré, SRL, constituida en mayo de 2025, que posteriormente obtuvo una adjudicación por RD$48.1 millones. Sus socias son dos jóvenes de 24 y 23 años que, según la investigación, figuraban como estudiantes y no tenían historial crediticio que permitiera acreditar experiencia financiera previa.
También fueron adjudicados Franniel Ramírez Beltré, con RD$24.5 millones, y Carolin Michel Díaz Beltré, con RD$38.1 millones. El acta oficial del INABIE confirma que las tres adjudicaciones suman exactamente RD$110,785,786.80.
La documentación del proceso también muestra que dos de esos proveedores llegaron a la etapa de adjudicación después de presentar recursos de reconsideración y ser habilitados mediante evaluaciones extraordinarias, mientras Beltré Beltré siguió la evaluación ordinaria. El acta general, sin embargo, no permite determinar por sí sola qué motivó específicamente la reconsideración de cada uno.
Otros cuestionamientos difundidos en torno a la licitación señalan que proveedores inicialmente descalificados terminaron posteriormente habilitados y adjudicados, además de denuncias sobre cocinas que no habrían estado operativas al momento de determinadas verificaciones. Estos señalamientos forman parte de reclamaciones de suplidores y procesos que continúan bajo revisión.
En medio de ese escenario, los representantes de las mipymes sostienen que están de acuerdo con que cualquier irregularidad sea investigada y sancionada, pero rechazan que los casos cuestionados provoquen medidas generales contra todos los proveedores.
“Cualquier error u observación que se detecte debe ser investigado, corregido o subsanado por las vías correspondientes”, manifestaron.
Coma destacó que detrás del PAE existen pequeñas empresas que han realizado inversiones, generado empleos y asumido obligaciones sanitarias, fiscales y laborales para poder suministrar alimentos a las escuelas.
“Nos debemos por encima de todo a los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de la República Dominicana”, afirmó.
Los suplidores adelantaron que propondrán controles más rigurosos y mayores estándares para futuras contrataciones, pero insistieron en que las empresas que cumplen con los requisitos no deben cargar con las consecuencias de actuaciones que eventualmente sean atribuidas a otros proveedores.