SANTO DOMINGO. – Las entidades bancarias de la República Dominicana deberán contar con un capital adicional para hacer frente a pérdidas derivadas de fraudes financieros y riesgos de ciberseguridad, como parte de nuevas medidas regulatorias que prepara la Junta Monetaria y que entrarían en vigor en abril de 2027.
El funcionario informó, además, que la Superintendencia de Bancos trabaja en la elaboración de un nuevo reglamento dirigido a mitigar los riesgos operacionales de las entidades financieras y prevenir las distintas modalidades de fraude.
Cedeño Brea también reveló que se encuentra en la Consultoría Jurídica de la Superintendencia una propuesta de Ley de Integridad Financiera, impulsada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.
Como parte de las acciones preventivas, explicó que el organismo supervisor emite periódicamente informes y boletines sobre los patrones y mecanismos de fraude detectados, información que comparte con las entidades financieras para que adopten medidas correctivas.
Devoluciones por reclamaciones
Las medidas se conocen en un contexto de reclamaciones de usuarios por operaciones financieras no reconocidas y otras irregularidades.
De acuerdo con datos publicados por la Superintendencia de Bancos, a través de su Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Pro Usuario), entre enero y agosto de 2026 se ordenó devolver RD$115.7 millones a clientes del sistema financiero, a partir de 4,968 reclamaciones tramitadas.
Entre los principales motivos de las reclamaciones figuran los consumos no reconocidos, que representaron el 28 % de los casos; las transferencias a terceros no reconocidas, con un 13 %; las transferencias erróneas, con un 8 %; y los retiros de efectivo no reconocidos, con un 7 %.
La institución indicó que, entre agosto de 2020 y agosto de 2026, había ordenado devoluciones por RD$817.3 millones, correspondientes a 30,294 reclamaciones.
Para quienes necesiten presentar una queja, ProUsuario establece que primero deben agotar el procedimiento de reclamación ante su entidad financiera. Si no están conformes con la respuesta, pueden solicitar la intervención de la Superintendencia y presentar los documentos que respalden su caso.
Las nuevas disposiciones buscan reforzar los mecanismos de protección y la capacidad de las entidades bancarias para responder ante los riesgos asociados a la creciente digitalización de los servicios financieros.