El ecosistema de los criptoactivos durante los últimos años mostró un notable crecimiento en República Dominicana, donde un 85% de los consumidores afirmó haber utilizado una forma de pago emergente y un 52% indicó hacer un uso más frecuente de las criptomonedas que en años anteriores, según una encuesta de Mastercard publicada a mediados del año 2022.
“El interés por las criptomonedas está en ascenso entre los consumidores. Son vistas como recursos digitales para realizar pagos de productos y servicios cotidianos y son utilizadas como inversión con una perspectiva de rendimiento positiva”, se puede leer en el documento.
En este contexto es notable la tendencia latente y el mercado en expansión dentro del país, donde un 20% de las personas encuestadas manifestaron sentirse cómodas utilizando criptomonedas para realizar los pagos.
A la fecha, la herramienta interactiva BTC Map, basada en la base de datos cartográfica OpenStreetMap, estimó que el país cuenta con 123 comercios que aceptan bitcoin, además de aproximadamente 20 cajeros automáticos de criptomonedas, en su mayoría en la capital de Santo Domingo y otros en zonas turísticas que permiten comprar y vender activos digitales como bitcoin, una de las divisas virtuales más conocidas del mercado.
A este dato es importante agregar que no se contabilizan los usuarios que intervienen como casa de cambio en la compra y venta de las criptomonedas por su labor informal.
En conformidad con lo expuesto, los números demuestran una fuerte presencia de los criptoactivos en el país aun cuando el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su condición de único ente emisor de los billetes y las monedas de libre circulación nacional, no dispone de un marco jurídico para su protección legal, descartándolos como divisas extranjeras bajo el régimen cambiario.
“Los activos virtuales mencionados (refiriéndose al Bitcoin, Litecoin y Ethereum) ni ningún otro, no son una moneda de curso legal y, por consiguiente, no gozan del respaldo del Estado; su efectividad o su uso como medio de pago en nuestra economía no puede ser garantizada, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados. Con esta aclaración queremos evitar confusiones entre los usuarios del sistema financiero y la ciudadanía en general sobre cualquier operación que se pretenda realizar utilizando este esquema”, sostienen en su página web.
La advertencia se extiende a las entidades de intermediación financiera, agentes de remesas y cambio, entidades del mercado de valores, a las entidades del mercado de seguros, a los sectores económicos y al público en general, aclarando que si cualquiera los llegara a aceptar como forma de pago en transacciones comerciales, lo hará a su solo riesgo, observando que estaría incurriendo en operaciones no contempladas por las regulaciones bancarias vigentes ni en los mecanismos de pago autorizados por la Junta Monetaria, organismo encargado de determinar las políticas monetarias, cambiarias y financieras del país.
Como consecuencia de esta posición, los demás sistemas financieros tradicionales se limitan a reconocer los activos que estipula la legislación dominicana, explicando por qué un 74% de los consumidores del referido estudio de Mastercard expresaron su interés en considerar cambiarse o continuar con una entidad bancaria que le permita invertir en criptomonedas y un 54% en ver a las instituciones bancarias tradicionales ofrecer talleres educacionales sobre criptomonedas para así afianzarlas como un método de pago seguro.
Usos
Entretanto, los números indican que la desprotección legal no representa un obstáculo para el atractivo del negocio, siendo utilizados con mayor regularidad en el territorio nacional para el envío de remesas, pagos a proveedores, compras en línea e inversiones, siendo el último uno de los más comunes.
Pero para Giuliano Simó Marra, gerente general de BitcoinRD, red de cajeros de criptomonedas por más de 12 años en el país y primera plataforma de intercambio, el mercado de los criptoactivos se encuentra bastante limitado por la falta de regulación, impidiendo su formalización en el mundo laboral.
“Mientras no haya una regulación que te permita operar libremente, tú no vas a poder seguir creciendo. Tú tienes un tope y eso afecta muchísimo”, reveló mientras señalaba que actividades bancarias tan simples como abrir una cuenta de banco suelen complicarse.
“Son pocos los negocios que están formalizados y que tratan de hacer las cosas de manera correcta y que están como empujando para poder hacer que esto avance y que se cree una regulación”, agregó.
Sobre si se piensa o no actualizar esta norma, el BCRD se limitó a responder con un comunicado de fecha del 2021 en su página web que reiteraba la información brindada en el 2017, aun cuando en la región latinoamericana el número de empresas dedicadas a esta área se haya duplicado, según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) de la Escuela de Negocios Cambridge Judge.
Tributos
Para el tributo de estas actividades comerciales, Simó Marra explicó que los individuos que comercializan estas actividades deben reportar el beneficio obtenido de sus inversiones en criptomonedas a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), auxiliándose debidamente de un contable o experto en la materia.
Esta información fue validada por la misma entidad, donde aclararon que cuando se convierten en dinero válido y reconocido en el país por los beneficios derivados de su venta e intercambio, estas ganancias representan un incremento patrimonial que debe ser declarado en el ISR de acuerdo a las disposiciones de los artículos 264, 268 y 269 del Código Tributario.
“Cuando dichos activos se convierten en líquido (dinero válido y reconocido en el país), los ingresos generados constituyen rentas grabables que tributarán”, indicaron.
Estafas
De cualquier manera, el país mantiene altos registros de escándalos en materia de criptoactivos y, para citar algunos, tan solo a finales del año pasado la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó una acusación formal contra un ciudadano y su empresa por promover supuestas inversiones falsas en criptomonedas entre los años 2022 y 2023, logrando captar RD$25,000,000 (USD$416,189).
Durante ese mismo año, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario e impedimento de salida como medidas de coerción a una pareja acusada de estafar a 113 personas con más de dos millones de dólares.
En el 2023 se presentó el caso de una empresa llamada Harvest Trading Cap, que prometía supuestas inversiones en criptomonedas sin estar autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, recibiendo condenas de prisión y luego sentencias absolutorias.
En el 2022, una mujer estafó con más de 50 millones de pesos dominicanos (USD$832,378) a decenas de personas con la promesa de que les multiplicaría sus aportes en el mercado de las criptomonedas, utilizando documentos falsos para sustentar un negocio ficticio. Un tribunal decidió imponerle prisión preventiva como medida de coerción.
Y así como en otros casos de estafas ocurridos en el país, distintas entidades financieras concientizan a la población a través de sus canales de comunicación para identificar con agilidad los patrones ante posibles engaños, en espera de que la historia no se repita.