Cuando se habla del sector energético en América Latina y el Caribe (ALyC) se suele hacer referencia a una industria diversa, que abarca países que dependen en su totalidad de fuentes renovables, hasta los que no logran descarbonizar su generación. Sin embargo, pese a esa diversidad, todos los destinos de la región tienen una problemática en común: las pérdidas, con un impacto social y económico.
Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que las pérdidas de electricidad en transmisión y distribución constituyen una medida del desempeño de los mercados eléctricos. Para la gran mayoría de las naciones, ese indicador se ve afectado por factores técnicos, financieros, socioeconómicos, regulatorios y políticos.
República Dominicana es un ejemplo, pues resalta entre los destinos donde las pérdidas son más elevadas. “Ineludiblemente”, como cita la publicación, los altos niveles de pérdidas debilitan la viabilidad financiera de las empresas eléctricas y pueden tener impactos fiscales y consecuencias sistémicas.
En consecuencia, pueden socavar la capacidad de mantener y expandir infraestructura adecuada, lo que afecta negativamente la calidad de los servicios eléctricos.
América Latina
Durante las últimas tres décadas, se estima que alrededor del 17% de la energía generada en la región se ha perdido. En 22 de los 26 países de Latinoamérica se presentan niveles superiores al 10% y en casos como República Dominicana se alcanza el 35% en 2023, solo superada por Haití con 60%, según los datos más recientes.
En la región de América Latina y el Caribe, la mayor parte de la electricidad se pierde en el sistema de distribución, debido “muy probablemente a factores no técnicos”. En República Dominicana y Brasil, la publicación destaca porcentajes significativos de usuarios irregulares cuyas conexiones han sido realizadas por los propios hogares y/o forman parte de redes que requieren mejoras y modernización.
Esta situación se explica por el crecimiento desordenado de las ciudades, las cuales habrían sobrepasado las capacidades de inversión de las empresas del sector. Como resultado, se muestra la persistencia de un suministro deficiente de energía y en la presencia de amplios grupos de usuarios que no pagan por los servicios, lo cual plantea desafíos para las empresas eléctricas.
Conforme a los datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), desde el 2010 hasta el 2023, en promedio, las pérdidas se sitúan en un 34.6%, alcanzando su punto más alto el año pasado con un 36.0%. En 2019 se proyectó la menor cantidad de pérdidas con un 27.0%.
La problemática financiera producto de estas pérdidas ha ocasionado que el presupuesto del Estado dominicano, que pudiera destinarse a la inversión pública de acuerdo con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), se utilice para cubrir las pérdidas. En consecuencia, estiman que esta medida ha tenido un impacto severo en el desarrollo del país y en la calidad del gasto público.
El costo anual derivado de las pérdidas eléctricas para las empresas distribuidoras fluctúa entre US$9.6 y US$16.6 millones anuales, lo que equivale al 0.19% y 0.33% del producto interno bruto (PIB) de la región respectivamente. En República Dominicana, esa cifra alcanza el 1.3% del PIB.
De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Presupuesto (Digepres), el subsidio al sector eléctrico absorbió cerca de 1.59% del PIB en 2022. En la región, el costo de las pérdidas puede fluctuar desde 0.03% (Costa Rica) hasta 1.8% (Honduras). Estas cifras permiten aproximar, en términos generales, los ingresos que las empresas eléctricas están dejando de percibir por los servicios prestados, lo cual afecta negativamente su sostenibilidad financiera y representan un costo de oportunidad considerable para la sociedad.
Por ejemplo, las pérdidas financieras anuales son comparables a los gastos de los mayores programas sociales en la región.
En Brasil representan un costo mínimo estimado de 0.3% del PIB, equivalente a más de dos tercios del presupuesto destinado a un programa de ayuda financiera a familias pobres. En México representan entre el 0.05% y el 0.18% de su PIB, comparable al presupuesto de un programa de capacitación para jóvenes (que representó en 2021 alrededor del 0.08% del PIB).
Pérdidas y medidas en América Latina y el Caribe
Las pérdidas en distribución explican alrededor del 80% del total registrado en unos 15 países de América Latina y el Caribe.
En Argentina, una de las problemáticas más críticas radica en la gestión de las pérdidas eléctricas. En el 2017, las pérdidas de la empresa alcanzaron un 17.1%, lo cual representó un exceso de aproximadamente 7% en comparación con lo que estaba regulatoriamente permitido incluir en las tarifas. Este porcentaje adicional se traduce en una cantidad cercana a los US$4,000 millones en ingresos no percibidos.
Para el 2019, las pérdidas registraron su pico más alto en la última década. Una de estas medidas para reducir ese indicador incluyó la inversión en medidores inteligentes, que permiten un monitoreo más preciso y eficiente del consumo eléctrico. Desde entonces, las pérdidas se redujeron a menos del 16%.
En Paraguay, por ejemplo, de acuerdo con el Balance Energético Nacional 2023, las pérdidas en distribución aumentaron en 23.7%, representando hasta un 82.0% del total, mientras que las pérdidas en transmisión aumentaron en un 11.8% y compusieron el 18.0% del total. El índice de pérdidas en el sistema resultó en 28.5%, con un crecimiento de 2.1 puntos porcentuales respecto al 26.4% registrado en 2022.
La reducción de pérdidas de energía eléctrica es la acción prioritaria para lograr mejoras en la eficiencia del proceso de distribución de energía eléctrica.
Durante el 2022, la pérdida de energía eléctrica en México representó el 13.5% de la energía recibida, de los cuales el 4.69% corresponde a pérdidas técnicas y el 8.8% a pérdidas no técnicas.
En Honduras, en 2022 se ejecutaron 3,879 millones Lempiras (L) (US$157 millones), equivalente al 48% del presupuesto de seguridad, para la reducción de pérdidas y mora, que habían aumentado en 3.1% respecto a 2021, hasta reportarse en 33.8%. El impacto de estas pérdidas fue de L18,213 millones (US$740 millones), lo suficiente para contratar 22,291 médicos, cita un reporte. El 30% de todos los usuarios estaban en mora al final de 2022.