Es común en nuestra sociedad, que se identifiquen en los productos derivados de ubicaciones geográficas particulares, características que los hacen distintos y por lo regular más deseables para el consumidor.
Cuando la expresión de estas características en el producto terminado es ocasionada por condiciones medioambientales de una región, estaríamos en la presencia de una Indicación Geográfica.
El cual es un derecho de propiedad industrial, que funge como indicativo de que un producto ciertamente proviene de una región a la cual se le atribuyen esas condiciones medioambientales particulares.
Siguiendo la misma línea, como subcategoría de las Indicaciones Geográficas, existen las denominaciones de orígenes, las cuales necesitan de un conocimiento tradicional o “know-how” combinado con condiciones geográficas particulares para ser reconocidas.
En el plano internacional, la memoria anual 2021 del consejo regulador de la denominación de origen calificada la Rioja, indica que fueron comercializados 254.174.525 litros, lo cual representa aproximadamente unos 2,600 millones de dólares norteamericanos.
En la República Dominicana, las denominaciones de origen están reguladas por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, ley esta, la cual clasifica las denominaciones de origen como un signo distintivo.
Un ejemplo palpable de cómo una denominación de origen agrega valor a un producto nacional, es la D.O. Ron Dominicano, expedida a la Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON) en fecha 18 de noviembre del 2021.
Los efectos en el mercado de la expedición de la denominación de origen antes indicada aún se encuentran en etapa de evaluación, sin embargo, en una industria que representa aproximadamente 120 millones de dólares norteamericanos al año en exportaciones, conjunto con el reconocimiento internacional de la calidad del ron dominicano, forman el escenario perfecto para el continuo crecimiento y reconocimiento a nivel global de la Denominación de Origen Ron Dominicano.
En conclusión, ante nosotros se plasma otro ejemplo más de cómo la propiedad intelectual se presta para fortalecer sectores económicos tradicionales, agregando valor a la cadena de comercialización de productos y servicios.