En el país se ha desatado la fiebre de que cada prestamista, empresas particulares o personas que quiere captar dinero de público y prestarlos a terceros, haciendo intermediación financiera, lo hagan sin muchos requisitos de regulación y supervisión, constituyendo una cooperativa de ahorro y crédito abierta al público en generalFMI
En el día de ayer, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su comunicado de prensa, reveló las conclusiones preliminares de la Consulta del Artículo IV de 2023 sobre el desempeño de la economía dominicana sugiriendo al país aplicar medidas de corto y mediano plazo para asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal, entre las que enfatiza la introducción de una ley que regule a las cooperativas no reguladas.
En los últimos doce años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido y ha estado reiterando a la República Dominicana, la necesidad de regular las cooperativas abiertas y básicamente las que compiten con las entidades bancarias, las llamadas Cooperativas de ahorro y crédito.
Al FMI le preocupa la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito porque busca promover la estabilidad financiera, proteger a los consumidores, prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y fomentar el cumplimiento de los estándares internacionales en el sector financiero. La supervisión adecuada es fundamental para abordar estos aspectos y garantizar la integridad y el buen funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas al público.
Desde esta Columna la Banca Dominicana por Dentro hemos estado abogando porque el Congreso de la República retome el ante proyecto de Ley elaborado por la Administración Monetaria y Financiera que busca robustecer el marco regulatorio y de supervisión de las cooperativas.
Reconocemos la importancia de las cooperativas cerradas en su capacidad de promover la sostenibilidad económica y social de muchas comunidades, generando empleos y brindando acceso a bienes y servicios de sus asociados.
Sin embargo, en el país se ha desatado la fiebre de que cada prestamista, empresas particulares o personas que quiere captar dinero de público y prestarlos a terceros, haciendo intermediación financiera, lo hagan sin muchos requisitos de regulación y supervisión, constituyendo una cooperativa de ahorro y crédito abierta al público en general. Más temprano que tarde pagarán justo por pecadores, y los promotores de este importante sector del cooperativismo de República Dominicana deberían ser los primeros en que se fortalezca el marco regulatorio y de supervisión.
Es fundamental supervisar la solvencia y liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito para asegurarse de que tengan suficientes activos y capital para respaldar sus operaciones y cumplir con las obligaciones de los miembros.
Las cooperativas deben tener políticas y procedimientos sólidos para identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los que están expuestas. Esto incluye riesgos crediticios, operativos, de mercado y de cumplimiento, entre otros.
Para nadie es un secreto que los afiliados de las cooperativas no cuentan con ningún tipo de protección del consumidor, la regulación y supervisión debe asegurar que las cooperativas de ahorro y crédito cumplan con las normas y regulaciones diseñadas para proteger los derechos de los consumidores financieros. Esta regulación debería incluir la transparencia en la divulgación de información, prácticas de préstamo justas y adecuadas y protección de datos personales.
Las cooperativas de ahorro y crédito deben cumplir con las leyes y regulaciones aplicables a los bancos de ahorro y crédito y asociaciones de ahorros y préstamos. La supervisión debe garantizar que las cooperativas cumplan con todas las normas relevantes, como los requisitos de capital, los informes financieros y la presentación de informes regulatorios.
En términos de la Gobernanza, la regulación deberá establecer la estructura mínima de gobierno de la cooperativa, incluyendo la idoneidad de los miembros de la junta directiva y la alta dirección. También se debe prestar atención a la gestión de conflictos de interés y la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo.
Las cooperativas de ahorro y crédito también deben ser supervisadas en términos de sus medidas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esto implica la implementación de políticas y controles adecuados, así como la capacitación del personal en la detección y reporte de actividades sospechosas.
Es muy probable que en la próxima evaluación de riesgo por parte de Grupo de Acción Financiera (GAFI) el país pueda ser incluido en una lista negra si sigue como va, sin ningún tipo de control ni supervisión en los temas de lavado de activos de las cooperativas.
Estas son solo algunas de las preocupaciones principales para regular y supervisar las cooperativas de ahorro y crédito. La supervisión efectiva es fundamental para garantizar la estabilidad y la integridad del sector cooperativo y proteger los intereses de los miembros y la economía en general
La intención de este artículo ha sido reiterar los riesgos que representan las cooperativas, las preocupaciones emanadas del Fondo Monetario Internacional, y la necesidad del que el Congreso de la República retome el ante proyecto de Ley sobre crear un régimen de regulación y supervisión en iguales condiciones para las cooperativas que realizan intermediación financiera abierta al público.
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jgmartinez20@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram
Fuente: Acento