El proceso de crecimiento económico de República Dominicana ha estado asociado a la sobreexplotación de valiosos ecosistemas, que incluye un sector de la oligarquía que considera al Estado como la fuente primaria para su acumulación.
En República Dominicana la economía circular como instrumento para materializar el desarrollo hacia una economía sostenible, está considerada como una meta para el desarrollo de la industria y la sostenibilidad.
Esta consideración nos debe llamar a una reflexión con el impacto de los inmigrantes en la economía nacional, considerando el ritmo de expensa a las remesas, el enfoque anodino de las autoridades monetarias, la informalidad de los inmigrantes y el flujo de las remesas.
Según el Banco Central, las remesas recibidas superaron los US$10,400 millones al cierre del 2021, y en lo que va de año enero-septiembre del 2022, los flujos sobrepasaron los US$7,300 millones. Este es un pilar para analizar el impacto de la inmigración en la economía circular de inmigrantes en el país, en comparación al aporte de los impuestos del consumo y otras fuentes que percibe el Estado Dominicano.
En una economía sin estadísticas organizadas, toda la proyección es confusa, si tomamos en cuenta que alrededor de los migrantes el 88.5% de la población es de procedencia haitiana (ONE, 2018), y por el hecho que seamos limítrofes, el flujo migratorio irregular nos impacta de manera muy significativa en un mercado laboral informal y de baja remuneración, en especial en el sector agrícola y de construcción, donde la élite empresarial prefiere la contratación de mano de obra por temporada, afectando así los ingresos de la economía nacional.
La participación de la población juvenil es más crítica, ya que más de 800 mil jóvenes, que ni estudian ni trabajan, sumergidos en los vicios y en las ilegalidades, prefieren migrar a la zona urbana por las múltiples facilidades económica y social, lo que deja a merced de los inmigrantes el trabajo del campo, lo cual ha gravitado en que el 70% de los migrantes de nacionalidad haitiana se establezcan en zonas rurales, de los cuales el 95% (que trabaja en el sector agropecuario) se encuentra en edad de trabajar (INM RD, OIM, OIT, 2020), y el 92 % de los trabajadores extranjeros de origen haitiano que laboran en el sector agrícola son hombres (INM RD, OIM, OIT, 2020).
Como país signatario del OIT debemos trabajar en la creación de trabajo decente como lo consagra dicho organismo, “promoción social y los derechos humanos y laboral reconocidos a nivel internacional, para apoyar a los jóvenes´´.
La situación es más crítica cuando empresarios no manejan con transparencia la economía de los inmigrantes, y vemos el reporte del registro de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), hasta agosto 2022, que solo se registran unos 15,541 trabajadores cotizantes de nacionalidad extranjera.
Tenemos que arribar a la conclusión de que es caótica la evasión de impuestos y la seguridad social que ante los ojos de las autoridades están cometiendo varios grupos empresariales, lo cual representa una gran falacia y dualidad en los cobros de los impuestos en el sector empresarial, según refiere el periódico el Listín Diario por Patria Reyes/ Cándida Acosta en la sesión de Economía & Negocios viernes, 18 de noviembre de 2022.
Tomando en cuenta la economía circular del inmigrante y el costo de la mano de obra registrado por el Ministerio de Agricultura (2019), se podría estimar que demanda aproximadamente 226,244 puestos de trabajo a tiempo completo al año, de los cuales 93,556 (41%) se generan en el rubro arroz; 12,290 (6%) en habichuela y 120,398 (53 %) en plátano.
Esto pone de manifiesto el conflicto laboral para las autoridades entre el Estado y el sector agropecuario.
Esta situación refleja un panorama desalentador, porque la ilegalidad es auspiciada por sectores a los cuales no les interesa transparentar los impuestos que generan ni las riquezas sin cotización a la TSS, encubriendo la realidad por donde debemos atacar la organización y cuidar la transparencia como país, además de que no existe un régimen de consecuencia ni sanción de carácter legal desde el Ministerio de Trabajo.
De esta manera nuestro país no avanzará a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la agenda 2030, ni tampoco podremos medir los índices de desarrollo humano, que demuestren los aportes a la convivencia pacífica de los derechos humanos fundamentales.
La regulación de la inmigración en R. Dominicana desde principios del siglo XX se ha manejado con tibieza.
Nos encaminamos hacia una recesión económica, reduciendo el circulante de la pandemia, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, Europa y otras economías, acudiendo a más empréstitos e incrementando la deuda interna y externa, para cubrir déficits fiscales y presupuestos, lo cual es altamente riesgoso, tan solo por pretender mantener el crecimiento económico.
Es urgente sentar las bases de una economía que distribuya la riqueza de forma equitativa, que rompa con el asistencialismo clientelar y establezca mecanismos de exigencia a todos los que reciben algún tipo de beneficio del Estado.
Este debe ser un compromiso político-social-empresarial para el país que soñamos y para una futura generación que valore el trabajo asociativo, que nos asegura el trabajo decente productivo de hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, como establece la OIT, para crecer en nuestra propia tierra, asumiendo la economía circular de la inmigración como una realidad que debemos enfrentar.