Por: Yanio Concepción
La economía dominicana en este cuatrienio 2024-2028 se encamina a un ajuste no deseado con una reforma fiscal, que cambiará todo el panorama de la planificación de la economía nacional para
el 2025.
Estos cambios tributarios que ocurrirán en una época convulsa en la geoeconomía mundial no exceptuarán a las cooperativas como modelo de empresa de la economía social y solidaria, y ejemplo de paradigma de la democratización financiera de la clase trabajadora.
Tampoco valorarán el papel que desempeñan este modelo de empresas como propiciadoras de trabajos decentes y forjadoras de pequeños y medianos negocios, ni su rol en la producción agropecuaria que es uno de los ejes de desarrollo territorial en el país e integración familiar y comunitaria.
La labor social de cooperativizar a más de 2,000,000 ciudadanos dominicanos ha tomado un lapso de más de siete décadas, con un trabajo tesonero y hasta altruista.
En los inicios, el cooperativismo fue promovido en la República Dominicana por congregaciones religiosas, con el objetivo de aunar esfuerzos mediante la colectivización, el interés de promover los valores y principios mediante trabajos comunitarios, el reto de fortalecer la solidaridad y el liderazgo de las familias, incentivar la cultura, los emprendimientos y la emancipación.
Las cooperativas contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que se ha
reconocido reiteradamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2012 y 2023, acentuando el aporte que realizan al desarrollo social, al crecimiento económico, a la sostenibilidad
medioambiental, a la superación de la pobreza y a la generación de empleos.
En ese sentido, los incentivos fiscales y tributarios a las cooperativas están contemplados en la Ley No. 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, en sus artículos No. 59 al 64, no obstante, desde la reforma fiscal del 1° de octubre del año 2011, a través de la Norma General No. 13-2011, fueron gravados los intereses que generan los ahorros de los asociados a las cooperativas, sin chistar ni
escatimar aspectos de orden jurídico y violentando los derechos adquiridos en la ley cooperativa, los cuales no han sido derogados.
Estos pequeños incentivos que se otorgan a las cooperativas no representan para el Estado un rubro significativo en el gasto fiscal, pues los montos que dejan de percibirse son compensados con las acciones que se realizan en favor de los asociados y sus familiares, además de las comunidades.
Otorgar incentivos tributarios es la expresión del cumplimiento del principio de equidad tributaria.
Definitivamente esta reforma fiscal, nos llama a redefinir el crecimiento y sostenibilidad productiva de la economía, con un plan estatal nacional a mediano y largo plazo, donde logremos enfrentar los
vaivenes de los gobiernos de turno, haciendo énfasis en la sostenibilidad de la riqueza y la
rentabilidad social, para que mejoren los índices de desarrollo educativo y la productividad nacional.
Sin embargo, hay que tener cuidado con intentar gravar los beneficios que reciben los asociados afiliados a las instituciones cooperativas, porque las cooperativas son diferentes.
En el país somos más de 2,322 instituciones cooperativas que activan la economía local y regional de la República Dominicana, derramando los beneficios en el entorno de cada comunidad por muy
apartada que esté, en el barrio y en pequeños poblados.
La reforma fiscal debe cuidar y asegurar los ahorros de las familias en las cooperativas, sin castigar con impuesto.
Esto nos asegura una buena cultura para el desarrollo del país, y el mayor compromiso es del Estado Dominicano.