Por: Yanio Concepción
Las cooperativas han sido las entidades que más han dignificado y promovido el desarrollo humano en la República Dominicana, facilitando el acceso a la vivienda, educación, a los procesos de producción agrícola, a la adquisición de enseres del hogar, acceso y disponibilidad de medios de transporte, entre otras.
El sector cooperativo, regulado por IDECOOP, reportó que el cooperativismo dominicano se expandió en la gestión 2024, contando actualmente con 2,322 cooperativas, de las cuales 1,579 fueron incorporadas en la gestión del Sr. Presidente Luis Abinader, para un 67%.
También indica que los activos del sector cooperativo se han incrementado en 76%, acumulando $388 mil millones al mes de julio 2024.
La incertidumbre que nos traen los cambios económicos con la reforma fiscal, y las adecuaciones de las leyes a la Constitución, nos da una alarma. Todos pedimos transparencia en el manejo de los recursos públicos y de las instituciones que tributan, incluyendo de manera especial a las cooperativas.
Estamos seguros que el cambio de las regulaciones en las cooperativas traerá más confianza en los socios y el mercado financiero nacional, pero con un marco de ley especializada, como se rigen en otros países de Latinoamérica, como es el ejemplo del país vecino de Puerto Rico, donde las Cooperativas de Ahorros y Créditos están supervisadas y aseguradas por la Corporación COSEC, quien asegura la confianza del sector de ahorro y crédito, proveyéndoles un seguro de acciones y depósitos para sus socios y depositantes.
Esta institución es un ejemplo a seguir para la supervisión, seguros, riesgos y lavado de dinero en las cooperativas, dando muestra de transparencia y confianza en el mercado financiero y cooperativo.
Las regulaciones para las cooperativas nunca serán malas en sí, porque hemos visto que el crecimiento del cooperativismo en las últimas décadas ha sido exitoso en la autorregulación, a pesar de contar con dos leyes anacrónicas con más 60 años, que necesitan adecuarse a regulaciones prudenciales que mitiguen los riesgos identificados en el mercado, y el complejo accionar regulatorio de la Ley No.155-17 contra LA/FT.
En el país contamos con 27 cooperativas de ahorros y créditos que la hemos calificado como grandes porque manejan, al mes de agosto 2024, un monto total de $328,406,615,737 en activos.
Estas cooperativas pueden ser ejemplo para la implementación de una nueva regulación, con una ley especial que valore la gran bondad que las distinguen en las comunidades, como es el nivel de responsabilidad social, educativo y ambiental, que hacen de la Identidad Cooperativa una distinción de pertenencia y fidelidad incomparable a cualesquiera otras instituciones de intermediación financiera.
Debemos estar claro que hemos migrado de lo ideal, a la realidad económica que vivimos, y necesitamos fortalecer los niveles de regulación en las cooperativas.
Sin embargo, estas adecuaciones jurídicas deben conservar la esencia de los principios y valores que rigen las cooperativas como empresas sociales, las cuales están en competencia financiera, pero llenando
nichos importantes en comunidades vulnerables donde no llegan otras organizaciones de intermediación financieras.
Propiciar una nueva normativa para las cooperativas de ahorros y créditos, con un organismo especializado para la “supervisión y seguro”, marcará la diferencia de la nueva visión del Estado, de la sostenibilidad y transparencia financiera de las cooperativas en el país.
Es bueno saber, que las Cooperativas de Ahorros y Créditos no son Bancos, pues no tienen clientes, tienen socios que son sus propietarios y la hacen una empresa democráticamente controlada.
Estamos de acuerdo en que se fortalezca la supervisión y fiscalización de las cooperativas, incluyendo el debido cumplimiento de los objetivos filosóficos para los cuales son creadas, la debida transparencia ante la autoridad tributaria y los organismos que velan por el buen funcionamiento, aplicando medidas preventivas, correctivas y sancionatorias.
Hoy más que nunca debemos propiciar los cambios de la regulación a las cooperativas de ahorros y créditos, sin perder la esencia de empresa democrática, para que operen de manera transparente, justa, eficiente y sostenible.
Las cooperativas han demostrado ser más resilientes durante las crisis económicas, ya que su estructura comunitaria y enfoque en el bienestar de los miembros les permite adaptarse mejor a las adversidades.
Vamos a continuar creciendo y vencer con una nueva regulación las incertidumbres que mantienen en vilo a las cooperativas, tenemos el compromiso de crear las bases y una norma que fomente la rendición de cuentas y un régimen de consecuencias que genere confianza entre los miembros y la comunidad en general.