Desde el punto de vista macroeconómico, la política fiscal debe cumplir un rol de estabilización, es decir, debe procurar ser expansiva en períodos de contracción del ciclo y debe procurar ser contractiva en períodos expansión.

La Política Fiscal también tiene la importante función de promover la equidad. Para ello, tiene dos instrumentos: los impuestos y el gasto público.

La tributación debe permitir recaudar lo necesario para financiar el gasto público, y además debe contribuir a mejorar la distribución del ingreso.

El gasto público debe orientarse a generar las condiciones para el crecimiento, a través de la inversión en infraestructura, pero al mismo tiempo brindar servicios a los más necesitados.

El régimen tributario de República Dominicana es excesivamente complejo.

Ha perdido generalidad, tornándose en un grupo de normas selectivas (liberatorias del pago de alguno o todos los tributos o de tributos aplicados específicamente a un sector determinado), de forma tal que cada actividad, sector o región termina teniendo su propio régimen.

Lo tienen, entre otros el turismo, la industria textil y de calzado, las exportaciones, las zonas francas, la generación de energía eléctrica, la industria cinematográfica, los restaurantes, el sector agropecuario, las empresas de zonas de fronteras, los colmados, las farmacias, las tiendas minoristas y el mercado de valores.

Para colmo hay una lista inmensa de bienes que no pagan ITBIS y que beneficia más a los que tienen poder de compra que a los sectores vulnerables. Esas exenciones indiscriminadas también promueven una alta evasión del ITBIs.

Todo ello contribuye a los siguientes:

a) La recaudación es baja, centralizada y basada en impuestos indirectos y volátiles.

b) Las tasas impositivas se sitúan por debajo del promedio de la región de América Latina y El Caribe (14.5% del PIB vs 19% del PIB).

c) Los niveles de evasión tributaria son muy elevados (sobre el 40%, tanto del ISR como el ITBIs).

d) Las bases tributarias son reducidas y el sistema tributario es complejo, lo que eleva los costos de cumplimiento y los costos de administración de los impuestos.

e) Todo ello contribuye a que el gobierno busca cada año endeudase más para cubrir el gasto, elevando el servicio de la deuda a niveles muy costosos (23% de los ingresos tributarios).

Por las razones expuestas, la reforma fiscal debe tener la máxima prioridad para el segundo semestre del 2024, al margen de los resultados electorales de mayo próximo.

Si estas explicaciones no son sufrientes para entenderlo entonces tendremos serios problemas.

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