El presidente de la Republica y sus funcionarios deben cuidar, y cuidarse, de respetar la institucionalidad legal y administrativa relacionada con la administración presupuestaria al atender la solicitud de fondos adicionales a los partidos.
Los legisladores representantes de los partidos aprobaron el 20 de diciembre del 2023 el presupuesto 2024 con una asignación total a los partidos políticos inferior al 0.5% que establece la ley orgánica electoral.
Conviene señalar que esta práctica, que considero saludable, viene observándose al presentar y aprobar los presupuestos de cada año en los cuales se modifican las disposiciones establecidas en aquellas leyes que establecen asignaciones porcentuales fijas a determinadas funciones publicas
Inexplicablemente los partidos cuyos legisladores aprobaron el presupuesto 2024 reduciendo el 0.5% están solicitando al gobierno, vía JCE, entidad que endosa la solicitud de los partidos, apenas tres meses después, una asignación adicional al presupuesto que aprobaron para alcanzar el 0.5%.
El gobierno ha anunciado su disposición de obtemperar a esta solicitud.
Pero no puede disponerlo por vía administrativa. Toda asignación adicional a las establecidas en el presupuesto 2024 requiere una sanción legal previa y la especificación de donde provendrán los fondos para ese gasto adicional.
No hacerlo, acarrearía violaciones legales y administrativas susceptibles de sanciones y/o, eventualmente, futuros escarceos judiciales y politicos.
Tradicionalmente las modificaciones presupuestarias de ingresos y gastos han solido hacerse por vía de los presupuestos complementarios. Pero la ley orgánica de presupuesto establece que estos presupuestos complementarios deben ser prepararlos a mediados de año por lo que hacerlo ahora significaría una anomalía.
Una declaración de urgencia no sería ética existiendo otras urgencias más urgentes. Ni fácil de aprobar, dentro del tiempo que falta para las elecciones, obtener una ley aprobatoria de estas transferencias teniendo en cuenta las dificultades de sesionar por la abundancia de legisladores que están en campaña
Lamentablemente los presupuestos complementarios se han convertido en un instrumento para regularizar a posteriori operaciones gastos no presupuestados, lo cual constituye una grave anormalidad.
Resulta penoso y preocupante que gobierno y oposición hagan causa común para validar esta irregularidad cuando uno y otro deberían actuar para ponerle coto a esta práctica viciada.
Circula la especie que se busca una salida consistente en que el gobierno adelante a la JCE opara asignarlos a los partidos, entre los cuales se encuentra el PRM, asignaciones adicionales o anticipadas con cargo al presupuesto de la JCE y/o a su posterior inclusión al presupuesto complementario a presentarse a mediados de año.
Pero hasta donde tenemos conocimiento la figura del adelanto no está prevista en la ley orgánica de presupuesto, mucho menos referidos a una contingencia futura, por lo que en su recurrencia se incurriría en riesgo para el normal desenvolvimiento de las actividades normales de la JCE así como anomalías procedimentales susceptibles de sanciones políticas y penales.
Así, todos los funcionarios que autoricen esta operación pudieran verse expuestos a cuestionamientos judiciales, independientemente de que nada garantiza el cumplimiento de dicha disposición en medio de un eventual cambio de administración presupuestaria.
POR ESTAS RAZONES NO SE DEBERÍAN SEGUIR PROPICIANCO IRREGULARIDADES ANTE EL RECLAMO TARDÍO DE LOS PARTIDOS.
LA ÚNICA SOLUCIÓN QUE VISUALIZAMOS PARA SUBSANAR LA POSIBILIDAD DE UN CONFLICTO POLÍTICO QUE ENTORPEZCA LAS ELECCIONES ES QUE EL BANCO DE RESERVAS CONCEDA UN PRÉSTAMO A LOS PARTIDOS POR EL MONTO EQUIVALENTE A LA SOLICITUD ADICIONAL QUE HAN FORMULADO, GARANTIZADOS EN LA PROMESA DE INCLUIR EL MONTO EQUIVALENTE EN EL PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO QUE DEBERA SER PREPARADO A MEDIADOS DE AÑO.