Las conversaciones en torno al proyecto que propone la reforma a la Ley Minera buscan definir una visión estratégica para la transformación de este sector en el país, fundamentándose en la urgencia de que el marco legal actual mantiene más de cinco décadas de vigencia y sus disposiciones no responden a los desafíos presentes.
A detalle, la reforma busca mejorar los procedimientos de aprobación, incorporar tecnologías existentes, fortalecer aspectos medioambientales y asegurar que más recursos de la minería lleguen a las localidades cercanas a las zonas de explotación.
Bajo este argumento, el presidente y el director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera (Camipe), Pedro Esteva y Martín Valerio, respectivamente, explicaron al director del Listín Diario, Miguel Franjul, que la Ley 146-71, que rige la actividad minera en el territorio, presenta una desconexión evidente que genera interpretaciones contradictorias y de mayor complejidad en su aplicación.
“Lo que pasa es que la ley minera actual es una ley que es de 1971 y nosotros, como cámara, entendemos que la minería es una forma de que cada provincia aproveche su potencial”, señaló Valerio.
En ese sentido, Valerio fundamentó que la propuesta legislativa necesita sustentar un alto contenido de la Constitución dominicana, especialmente en lo que respecta a la gestión del subsuelo, donde abogan por que este recurso sea mejor gestionado a través de ejes fundamentales que dispongan una mejor aplicación.
Entre esos parámetros indicó que se necesita establecer objetivos y objetos claros que eviten la discrecionalidad, sustituyendo la incertidumbre institucional por reglas estandarizadas donde todos los procesos tengan una respuesta clara, alineados con criterios técnicos centrales.
A la lista se sumaría identificar como es debido las funciones de los distintos organismos relacionados con la minería, como el Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería, Servicio Geológico Nacional, entre otros más; abordar el tema medioambiental garantizando su protección y sostenibilidad con protocolos mínimos definidos por normas, auditorías independientes y publicación de resultados en plataformas de acceso público.
Como cuarto parámetro, Valerio sostuvo que el régimen fiscal sea aplicable y razonable, atendiendo a la diversidad del sector, buscando determinar que quienes más ganan más paguen y para quienes tengan otro tipo de minería paguen lo propio.
El principio de seguridad jurídica reluce entre los ejes de la propuesta para garantizar que las decisiones del Estado respondan a la legalidad y a una visión a largo plazo sin coyunturas políticas o interpretaciones discrecionales, beneficiando a las empresas, al Estado y a la comunidad.
Esos son principios que el sector privado, o sea, la cámara, ha propuesto dentro de su, valga la redundancia, dentro de su propuesta y que entendemos que tiene que ser incluido en esa nueva ley. Y en este momento estamos en un proceso de discusión en el que se está definiendo cómo vamos a tener una ley buena que pueda ser cumplida por todas las partes, pero sobre todo que se identifique cuáles son las características de cada actor aquí”, subrayó.
Percepción de la población
A partir de estas iniciativas, Esteva manifestó que la nueva ley minera podría brindar tranquilidad a la población en lo relativo a esta industria, reduciendo su oposición, puesto que los términos de actividad minera estarían mejor definidos.
Dicho esto, el proyecto legislativo también propone invertir como mínimo un 5% de los ingresos mineros en las provincias donde se extraen los minerales, utilizando mecanismos verificables y trazables, los cuales serán definidos por el Congreso Nacional, y así identificar los proyectos en la comunidad donde serán ejecutados estos fondos, contribuyendo a la credibilidad de la ley.
Ese sería el mecanismo que debe diseñar el Estado; obviamente, nosotros (Camipe) cuando estemos en la conversación y el Congreso. Ahora bien, el mecanismo sí existe porque se paga; lo que hay es que ver cómo se hace la entrega, por eso hablaba de la trazabilidad porque eso es lo que tenemos que hacer, que sea trazable, que se pueda ver cómo entra y cómo sale y hacia dónde va”, indicó Valerio.
Avances
Respecto a los avances de la iniciativa legislativa, los ejecutivos de Camipe expresaron mantener constantes conversaciones con los actores del sector, siendo los últimos ajustes realizados por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente para posteriormente entregarlo a los grupos de interés y realizar las vistas públicas en el órgano que ejerce el poder legislativo.