El borrador de la Comisión apunta a multas de “menor cuantía” pero que se aplicarán con “mayor frecuencia

La Comisión Europea está dispuesta a adaptar los planes de ajustes de deuda a las circunstancias de cada Estado en las nuevas reglas fiscales. Pero al contrario de lo que ha sucedido con las viejas, quiere que su incumplimiento lleve un castigo rápido y no se queden en una herramienta imposible de utilizar. “La gama de sanciones se ampliaría añadiendo otras más inteligentes y focalizadas”, apunta uno de los últimos borradores de la comunicación sobre la revisión de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al que ha tenido acceso EL PAÍS y que la Comisión Europea aprobará este miércoles. La traducción de este enunciado pasa por multas de “menor cuantía” que puedan aplicarse con “mayor frecuencia”.

En Bruselas son conscientes de que uno de los problemas de las actuales reglas fiscales, las que el expresidente de la Comisión Romano Prodi calificó de “estúpidas”, pueden “poner en riesgo el crecimiento y son procíclicas”, según se lee en el citado documento. Y no lo son solo por su propio funcionamiento, sino también por las sanciones que llevan aparejadas cuando no se cumplen, que, en teoría, pueden acabar con multas equivalentes al 0,2% y hasta el 0,5%. Así que ahora, al plantear castigos menos cuantiosos, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen, apunta a que “reducirían el daño económico”. Esto, sobre el papel, le daría margen imponer sanciones por incumplir las normas del Pacto de Estabilidad. Por eso apunta que añadiéndolas al menú disponible podría aplicarlas con “mayor frecuencia”.

Comparecencia en el Parlamento Europeo para los Estados incumplidores
El arsenal que plantea Bruselas en su comunicación para desarrollar después en textos legales una vez haya un consenso con los Estados miembros se completa con castigos reputacionales, como la obligación de que los ministros de Finanzas de los países incumplidores pasen por el Parlamento Europeo a dar explicaciones acerca de por qué no cumplen con los planes de ajuste y las recomendaciones comunitarias. Esta humillación simbólica va más allá de la simple comparecencia, ya que deja claro en los mercados que un Estado se desvía de la senda de ajuste de deuda hacia el objetivo que la Comisión considera fiscalmente sostenible, lo que puede traducirse en un castigo en los mercados de capital para los bonos del país en cuestión.

“La gama de sanciones” se amplía con la propuesta de que se pueda suspender la financiación europea si el Estado afectado no actúa para corregir el déficit público —que seguirá debiendo situarse por debajo del 3% en un objetivo a medio plazo— e, incluso, se plantea el endurecimiento de la senda de ajuste que el país de turno y Comisión hayan pactado si el primero se desvía de lo acordado.

Estos pactos de ajuste de deuda, que en principio serán de cuatro años, pero podrán extenderse hasta siete, son la novedad más llamativa de la propuesta para reformar las reglas fiscales que pondrá sobre la mesa este miércoles. El objetivo a largo plazo seguirá siendo del 60%, como lo es desde 1992, pero la forma de llegar a esa meta cuando un Estado la sobrepase cambiará si la Comisión tiene éxito con su comunicación. En esos pactos se marcarán objetivos a medio plazo una vez el Ejecutivo de Bruselas ha determinado un indicador de deuda sostenible para el Estado en cuestión. Ese indicador servirá de referencia en las negociaciones y también servirá para fijar el límite de gasto que ambas partes tendrán que acordar para este periodo.

Controversia
La imposibilidad de imponer sanciones ha sido objeto de controversia entre los países más endeudados y aquellos más partidarios de la ortodoxia fiscal. Su activación, en las normas actuales, no llega por los incumplimientos, sino por no seguir las recomendaciones de la Comisión Europea para volver a cumplirlas. Sin embargo, ni así el Consejo de la UE ha llegado a imponer sanciones. España o Portugal, por ejemplo, han estado inmersas en procedimientos de déficit excesivo por incumplir las normas y, según el propio Consejo, en 2016 no aplicaron las medidas correctivas necesarias, pero no recibieron sanción alguna por ello. Tampoco Italia, que en 2019 llegó al extremo de ver rechazado su presupuesto por la Comisión, ha recibido castigo. Fuera de la zona euro, Hungría ha sido otro de los Estados que han podido ser multados y finalmente no lo fue.

Con la nueva revisión, uno de los objetivos es claramente un diseño que sí permita castigar al incumplidor y reconducir sus desviaciones. No obstante, esto no quiere decir que los planes de ajuste, una vez acordados y aprobados, sean inamovibles. Señala el borrador de la Comisión que cuando las circunstancias hagan inviable la implementación, se podrá revisar lo acordado, aunque para ello será necesario seguir el mismo proceso de negociación con Bruselas y sanción por parte del Consejo de la UE. Sin embargo, el texto también deja claro que esta vía no podrá ser recorrida a menudo para perder credibilidad.

Además de este mecanismo de adaptación a los cambios coyunturales, también hay otra que es la cláusula de escape. Esta ya existe en la actualidad y, de hecho, está activada desde que estalló la pandemia, motivo por el que, aunque la mayoría de países de la Unión Europea incumplen el Pacto de Estabilidad, ninguno está inmerso en un procedimiento de déficit excesivo. Ahora la comisión habla de una cláusula “robusta” que sería general por si sobrevienen situaciones imprevistas y de gran magnitud que aboquen a la UE a una recesión económica profunda —una pandemia o una guerra, por ejemplo— que obliguen a desviarse “temporalmente” de la senda fiscal.

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