En República Dominicana, existen 470,527 unidades económicas, de las cuales el 85.9% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Estas entidades no sólo generan el 62% del empleo nacional, sino que también contribuyen con el 32% del producto interno bruto (PIB), aunque gran parte de ellas opera en la informalidad. Sin embargo, esta alta informalidad no es el único desafío al que se enfrentan. La cesantía “sin tope de tiempo y salario” representa una amenaza significativa, según lo expresó Fernando Pinales, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme).
Pinales argumentó que “una microempresa constituida con un capital de RD$100,000 se ve gravemente afectada por el capítulo de la cesantía al despedir a un empleado con cinco años de servicio”, lo que podría llevar a la quiebra a dicha empresa. En este sentido, hizo un llamado urgente para modificar el artículo 80 del Código Laboral dominicano, sugiriendo un límite de 10 salarios mínimos y un tope de seis años para las indemnizaciones por cesantía.
Durante una rueda de prensa en su oficina en Plaza Central, Santo Domingo, el representante de las mipymes enfatizó que “la cesantía se lleva el capital de las microempresas”, advirtiendo que esto podría llevar a la quiebra a muchos pequeños negocios y complicar aún más su situación si se ven obligados a acudir a tribunales.
Pinales subrayó la necesidad urgente de una reforma laboral equilibrada que no solo fomente la creación de empleo, sino que también garantice la sostenibilidad económica de las mipymes locales, las cuales representan el 92% del tejido empresarial dominicano. Criticó que después de 32 años desde la promulgación del Código Laboral y más de 16 años de discusión sobre su reforma, se pretenda aprobar cambios sin ajustar las condiciones de cesantía.
El dirigente empresarial también resaltó que las mipymes son el motor de la economía nacional; sin embargo, enfrentan desafíos considerables que requieren reformas consensuadas. La falta de un marco laboral favorable tanto para trabajadores como para empleadores ha contribuido al aumento de la informalidad, lo que afecta no solo la estabilidad empresarial, sino también reduce la recaudación fiscal del Estado.
“Si no logramos encontrar un equilibrio, perjudicamos las posibilidades de desarrollo de nuestras empresas y, por ende, del país”, advirtió Pinales.
El gremio alertó sobre los riesgos que implica una reforma laboral que no tenga en cuenta las realidades económicas de las mipymes. Tal enfoque podría resultar en un aumento significativo en los costos operativos, llevando a muchas empresas a optar por operar en la informalidad o cerrar sus puertas debido a su falta de rentabilidad. Esto impactaría no solo su capacidad para crecer y sostenerse, sino también limitaría las oportunidades de empleo formal para miles de trabajadores.
Por su lado, Amarilys Durán, presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico-Internacional (FEM) y segunda vicepresidenta de Codopyme, abordó el tema desde una perspectiva centrada en las capacidades reales de las pequeñas y medianas empresas. Destacó que muchas son familiares y generalmente no superan los cinco empleados.
Durán enfatizó que es imperativo que cualquier reforma laboral contemple una visión integral que favorezca el diálogo entre empleadores y trabajadores. Aseguró que es posible garantizar condiciones laborales dignas sin agobiar a las mipymes con regulaciones insostenibles como lo representa la cesantía sin límite temporal o salarial.
Pinales reconoció también que, aunque la cesantía no es un derecho adquirido como tal —sino más bien una indemnización en favor del trabajador—, la complejidad del procedimiento laboral ha llevado a que muchas demandas terminen en condenas excesivas, poniendo en riesgo la existencia misma de estas pequeñas empresas y generando desempleo entre sus trabajadores.
A la rueda de prensa asistieron organizaciones gremiales de los sectores comercio, servicios e industrial.