El Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IEUASD) advirtió que la reciente Resolución SIE 007-2026 introduce distorsiones económicas que desincentivan la adopción de energía solar en hogares y pequeñas empresas, al imponer un cargo por uso de red a los usuarios de la tarifa de Baja Tensión Simple (BTS).
A través de un informe técnico de ponderación, el IEUASD señaló que, aunque la resolución reglamenta de forma general aspectos positivos para la Generación Distribuida (GD), el cobro aplicado a los «prosumidores», los usuarios que producen y consumen su propia energía, carece de sustento conceptual y resulta discriminatorio.
El centro académico explicó que el problema de fondo en el sector radica en que la no aplicación de la tarifa técnica impide a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) percibir el Valor Agregado de Distribución (VAD) necesario para su operación normal.
Sin embargo, el IEUASD enfatizó que responsabilizar a los pequeños generadores solares de este déficit es un error.
Los clientes con tarifa BTS inyectan la energía excedente en el mismo punto donde la reciben y esta es consumida por vecinos cercanos, lo que reduce las pérdidas técnicas de la red.
“Resulta contradictorio cobrar un peaje de distribución a un usuario que no utiliza la red para comercializar su energía. Por el contrario, la inyección descentralizada reduce las pérdidas del sistema, por lo que este tipo de usuario debería recibir un reconocimiento en lugar de una penalización”, precisa el documento técnico.
El informe argumenta que, mientras a los grandes parques fotovoltaicos que entregan energía en las subestaciones no se les aplica un cargo por uso de la red de distribución, a los pequeños usuarios residenciales y comerciales se les impone una carga que vuelve económicamente inviable la inversión en paneles solares.
Transición hacia la facturación neta
Para solucionar las pérdidas financieras de las distribuidoras sin frenar la transición energética, el Instituto de Energía de la UASD propuso sustituir el actual modelo por un nuevo esquema de facturación neta, sustentado en una tarifa técnica de dos bloques.
Primer bloque (0 a 300 kWh/mes): Mantendría un precio ajustado al Precio Medio de Compra (PMC) de las distribuidoras más un margen administrativo, respaldado por subsidios focalizados para sectores vulnerables.
Segundo bloque (más de 301 kWh/mes): Aplicaría la tarifa técnica completa (PMC + VAD técnico), a la cual quedarían acogidos de forma automática los prosumidores.
Bajo este modelo, las inyecciones de energía solar se valorarían al Precio Medio de Compra del mercado mayorista y los retiros se liquidarían a la tarifa técnica correspondiente, garantizando así la transparencia y la equidad comercial entre las EDE y los usuarios del sistema.