El comercio electrónico, que brinda múltiples beneficios económicos a empresas y consumidores, como la reducción de costos y un mayor alcance de mercado, no está exento de riesgos. Las actividades fraudulentas en transacciones en línea han cobrado relevancia, según indica un informe sobre riesgo operativo del sistema financiero dominicano, elaborado por la Superintendencia de Bancos (SB).
En 2024, el canal de distribución que registró las mayores pérdidas netas en las entidades de intermediación financiera (EIF) fue el de “pagos a través de comercio electrónico”, con efectos que ascendieron a RD$722 millones. Esta cifra representa aproximadamente el 43% del total de pérdidas netas, que alcanzaron los RD$1,698 millones, con un total de 7,000 eventos fraudulentos, 22% más que en 2023.
El informe detalla que el fraude en comercio electrónico fue seguido por la “banca por internet“, que afectó en RD$232 millones, equivalentes al 14% del total. Durante el período 2020-2022, los canales más relevantes para el fraude con tarjetas de crédito fueron precisamente “banca por internet” e “Internet”. Sin embargo, las pérdidas asociadas a estos canales mostraron una tendencia decreciente desde 2021, gracias a la incorporación del canal de comercio electrónico.
Indica que, en 2023, este último representó aproximadamente el 67% de las pérdidas por fraude con tarjetas de crédito y alcanzó un alarmante 75% en 2024, con un total de RD$355 millones.
Por su parte, el canal de sucursal o agencia reportó pérdidas de RD$198 millones (11.6% del total), mientras que las terminales de puntos de venta (POS) registraron fraudes por RD$94 millones, representando un 5.5% del total de pérdidas netas en el sistema financiero local.
El informe también destaca que entre 2020 y 2023, la “banca por internet” e “Internet” fueron los canales con mayores pérdidas netas, alcanzando su punto más alto en 2021 con RD$646 millones. Sin embargo, en 2024 este canal fue superado por “pagos a través de comercio electrónico”. A su vez, subraya la disminución en la materialización de fraudes externos mediante transferencias bancarias desde cuentas de ahorros y corrientes.