Las administradoras privadas de pensiones de Chile calificaron el jueves de “retroceso” la reforma previsional propuesta por el presidente Gabriel Boric que acabaría con el monopolio de su administración de las jubilaciones impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet.
“Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización”, señaló Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Boric espera enviar al Congreso la próxima semana un proyecto que establece un sistema mixto entre el Estado, trabajadores y empleadores y que eliminaría a las AFP, que quedarían como una opción privada frente a su administración exclusiva y obligatoria para todos los cotizantes, un sistema que data de la dictadura de 1973 a 1990.
“Las AFP, en esta reforma, se terminan”, expresó Boric en un discurso televisado la noche del miércoles.
El mandatario señaló que bajo la nueva reforma “existirán nuevos gestores de inversión privados” y una alternativa pública “lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores”.
El mandatario señaló que los empleadores pasarían a aportar un 6 % a las cotizaciones de sus empleados, algo que no sucede en la actualidad, a lo que se sumaría el aporte del Estado mediante la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Con la reforma, agregó, las pensiones se incrementarían un 46 % para los hombres y un 52 % para las mujeres respecto de las que existen ahora.
Actualmente los chilenos aportan un 10.5 % de su sueldo como contribución a las pensiones. Sin embargo, sólo están obligados a hacerlo aquellos que cuentan con empleos formales y fijos.
Este es uno de los temas más demandados por la ciudadanía, que desde hace décadas recibe pensiones miserables, y fue uno de los principales reclamos del estallido social de 2019. Según explicó Boric, el 72 % de los chilenos recibe pensiones por debajo del salario mínimo (unos 385 dólares al cambio actual) y uno de cada cuatro percibe una jubilación que se ubica por debajo de la línea de pobreza.
Un ente único
Recurrir a un ente público y único para la recaudación de cotizaciones “no sólo coarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que representa un cambio tan radical que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir los ahorros”, señaló la Asociación de AFP en un comunicado.
Por su parte, la oposición criticó la “letra chica” de la reforma. Tenemos “justificadas dudas del destino del 6 % adicional”, explicó el jefe de la bancada de la opositora Unión Democrática Independiente (UDI), el senador Iván Moreira.
Señaló que en las encuestas los ciudadanos preferirían que esa recaudación adicional se reflejara en sus cuentas individuales. “¿Cómo se va a financiar la implementación de esta administradora de pensiones autónomas?”, cuestionó Moreira respecto del ente que crearía el gobierno para gestionar las pensiones en reemplazo de las AFP.
El gobierno vinculó algunas de las partes de su reforma previsional a la reforma tributaria que aún se discute en el Congreso y con la que planea recaudar los recursos necesarios para financiar sus proyectos sociales.
El gobierno no cuenta con la mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado y está por verse si la reforma sería aprobada por las distintas fuerzas políticas.
Otros presidentes como Sebastián Piñera (2018-2022) o Michelle Bachelet (2014-2018) plantearon reformas previsionales pero los proyectos no tuvieron éxito o sólo consiguieron avances parciales en el Congreso.