En República Dominicana la economía circular, como instrumento para materializar el desarrollo hacia una economía sostenible, está considerada como una meta para el desarrollo de la industria y la sostenibilidad, manifestó el economista Yanio Concepción.
En un análisis del impacto de la inmigración haitiana en la economía nacional, Concepción sostuvo que, considerando el ritmo de expensa a las remesas, el enfoque anodino de las autoridades monetarias, la informalidad de los inmigrantes y el flujo de las remesas, el proceso de crecimiento de la economía dominicana está asociado a la sobreexplotacion de valiosos ecosistemas.
Indicó que esta sobreexplotacion incluye un sector de la oligarquía que considera al Estado como la fuente primaria para su acumulación.
En un artículo publicado en el periódico financierodigital.com, titulado “La economía circular del inmigrante”, el presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, analiza el impacto de la inmigración en la economía circular de inmigrantes en el país, y hace la comparación con el aporte de los impuestos del consumo y otras fuentes que percibe el Estado Dominicano.
Refiere datos del Banco Central sobre las remesas recibidas en el país al cierre del 2021 y del periodo enero-septiembre del 2022.
Concepción sostiene que la economía dominicana no cuenta con estadísticas organizadas y que toda la proyección es confusa, lo cual “nos impacta de manera muy significativa en un mercado laboral informal y de baja remuneración, en especial en el sector agrícola y de construcción”.
Manifestó que la élite empresarial prefiere la contratación de mano de obra por temporada, afectando así los ingresos de la economía nacional.
Expuso también en su artículo la problemática de los NINI, cuya participación califica de crítica, los cuales, señaló, prefieren salir de las zonas rurales a las ciudades procurando las múltiples facilidades económicas y sociales que se ofrecen, dejando a merced de los inmigrantes el trabajo del campo.
Yanio Concepción explicó que el abandono de las zonas rurales por parte de los jóvenes ha gravitado en que el 70 por ciento de los migrantes haitianos se establezcan allí, de los cuales el 95% trabaja en el sector agropecuario, en edad de trabajar, y que el 92 % de los trabajadores extranjeros de origen haitiano que laboran en el sector agrícola son hombres.
Consideró que la situación es más crítica aun cuando empresarios no manejan con transparencia la economía de los inmigrantes, y “vemos el reporte del registro de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) hasta agosto 2022, que solo se registran unos 15,541 trabajadores cotizantes de nacionalidad extranjera”, afirmó.
El presidente de la Cooperativa Vega Real y miembro del Consejo de Directores del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP y del Consejo Nacional de Cooperativas-CONACOOP, aseguró que se debe arribar a la conclusión de que es caótica la evasión de impuestos y la seguridad social que ante los ojos de las autoridades están cometiendo varios grupos empresariales.
Manifestó que esta situación evasiva representa una falacia y dualidad en los cobros de los impuestos en el sector empresarial, y, en ese sentido, refiere un artículo publicado en la sección de Economía del Listín Diario.
Expuso que tomando en cuenta la economía circular del inmigrante y el costo de la mano de obra registrado por el Ministerio de Agricultura, se podría estimar que el sector agrícola demanda aproximadamente 226,244 puestos de trabajo a tiempo completo anualmente y que esto pone de manifiesto el conflicto laboral para las autoridades entre el Estado y el sector agropecuario.
Yanio Concepción lamentó que la ilegalidad es auspiciada por sectores a los cuales no les interesa transparentar los impuestos que generan ni las riquezas sin cotización a la TSS, encubriendo la realidad por donde se debe atacar la organización y cuidar la transparencia como país.
Se quejó de que en el país no exista un régimen de consecuencia ni sanción de carácter legal desde el Ministerio de Trabajo, por lo que, expresó, de esta manera “nuestro país no avanzará a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la agenda 2030, ni tampoco podremos medir los índices de desarrollo humano, que demuestren los aportes a la convivencia pacífica de los derechos humanos fundamentales”.
Destacó la urgencia de sentar las bases de una economía que distribuya la riqueza de forma equitativa, que rompa con el asistencialismo clientelar y establezca mecanismos de exigencia a todos los que reciben algún tipo de beneficio del Estado.
Abogó por la firma de un compromiso político-empresarial con esta finalidad para llegar a tener el país que “soñamos y para una futura generación que valore el trabajo asociativo, que nos asegura el trabajo decente productivo de hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, como establece la OIT, para crecer en nuestra propia tierra, asumiendo la economía circular de la inmigración como una realidad que debemos enfrentar” ”, resaltó el presidente de la Cooperativa Vega Real.