Por: José Lois Malkun
Todo indica que al cierre del 2024 la economía dominicana termina un año con resultados muy satisfactorios.
Un crecimiento de alrededor del 5% (probablemente el más alto de Latinoamérica). La tasa de política monetaria en 6.25% después de escalar a 8.50%.
Tasa de cambio estable y dentro del promedio programado para el año (alrededor de 60 pesos por dólar).
El déficit fiscal rondaría el 3% del PIB, como está previsto. Reducción de la deuda publica consolidada a 61% del PIB (alcanzó 75.5% del PIB en el 2021 y 65.6% del PIB en el 2022). Inflación en 3.16% después de registrar un 9.65% hace dos años. Y unas reservas internacionales de alrededor de US$13,500 millones.
Igualmente, el déficit de la cuenta corriente también se reducirá respecto al 2023 cerrando en alrededor del 2.5% (cerró en -3.6% del PIB en el 2023) y las tasas de interés de la banca múltiple se han reducido ligeramente, pero con expectativas de que sigan bajando en los próximos meses.
Otro dato importante es la tasa de desocupación abierta y la pobreza monetaria con índices históricamente bajos (5.2% y 19% respectivamente)
¿Qué queda pendiente? El sector eléctrico sigue siendo el principal dolor de cabeza del gobierno por el subsidio anual que representa (US$1,500 millones).
El tema fiscal queda en el tapete después del retiro del proyecto de ley del congreso.
Aun se debate el Código Laboral con una piedra en el zapato llamada cesantía. La reforma a la Ley de Seguridad Social sigue estancada en el congreso, así como el Código Penal y la ley de agua.
El déficit de la balanza comercial de bienes se reducirá un poco este año, pero seguirá siendo muy alto (9.8% del PIB). La competitividad es la única vía para cerrar esta inmensa brecha y ello requiere recursos humanos de mayor calidad y una profunda renovación de las actividades agropecuarias.
La reforma de la administración pública avanza, pero lentamente, por las complejidades que implica la fusión o eliminación de Ministerios, direcciones e instituciones descentralizadas, que en algunos casos se resuelven por decreto, pero en otros implica modificar la ley.
El gobierno toma la iniciativa para resolver el grave problema del transporte con expectativas de invertir 60 mil millones en los próximos años. Y será necesario un aumento de salarios en los primeros meses del 2024 y de las asignaciones directas a las familias beneficiadas en el Programa Supérate (elevar el monto a 2,000 pesos).
Eso implica más ingresos fiscales, sin una reforma, lo que se traduce en un mayor esfuerzo para reducir la evasión y aumentando algunas tarifas como los peajes, las multas y las placas, que no necesitan de una ley. Asimismo, ir reduciendo gradualmente el subsidio a los combustibles que ya no se justifica.
Finalmente, Haití se complica y eso complica la situación del pais por la continua entrada de haitianos ilegales, muchos ayudados por traficantes dominicanos. Hay que meterle 30 años de cárcel.
Necesitamos la mano de obra haitiana legalizada, pero no podemos lidiar con la inmensa cantidad de ilegales que han entrado en los últimos años y que ningún sector económico puede absorber.