La gráfica presenta la lista de tenedores de bonos del gobierno dominicano clasificados para las personas jurídicas por tipo, propiedad y residencia, y por residencia en el caso de las personas físicas.
A noviembre del 2023 la Dirección General de Crédito Público informa que están en circulación 793 mil millones de bonos a los que paga como Dios manda los intereses en la fecha que cortan y el capital invertido a los que llega la hora de redimirlos.
Casi dos millones de dominicanos son dueños de un poco menos de la mitad del ese total de bonos en circulación vía las administradoras de fondos de pensiones, AFP.
Estas empresas que administran el ahorro previsional aparecen como punteras en el listado con 365 mil millones (46% del total) y cada cotizante de las AFP puede ver lo que le corresponde de ese total en los correos donde le informan la distribución por instrumento financiero de sus aportes.
Los bancos múltiples ocupan el segundo lugar con un 18% del total de bonos y, algo interesante, noten que el tercero es ocupado por el sector financiero no residente, es decir, entidades financieras radicadas en el extranjero vienen a comprar valores del gobierno emitidos en pesos.
Esto quiere decir que el “buró de crédito” del gobierno es considerado bueno para adquirir deuda pública dominicana asumiendo el riesgo cambiario tanto para esas entidades extranjeras como para personas físicas (que tienen propiedad de casi cuatro mil millones de pesos en esos valores).
En el listado parece que están todas las entidades que manejan recursos de terceros (asociaciones, cooperativas, compañías de seguro, puestos de bolsa, administradoras de fondos).
Esto recuerda una de las frases famosas de un funcionario que fue clave para poner los bonos del gobierno como “cadenitas de oro, que todos los quieren”.
Daniel Toribio, como ministro de Hacienda, fue clave en la redacción y administración de la Ley 104-99 de Deuda Administrativa donde empezó esta historia de éxito en colocaciones de bonos internos.
Más tarde como administrador general del Banco de Reservas, entidad que era el custodio de los bonos físicos del gobierno, provocó los acuerdos para abrir el capital y adquirir para el banco estatal un cuarto de las acciones de una central de valores privada que estaba al borde de la quiebra. (José Alfredo Guerrero).