Ejecutivo promulgó Ley 36-26 con cambios dirigidos a fortalecer l financiamiento sistema gestión de desechos
El presidente Luis Abinader promulgó la legislación que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), la cual quedó registrada con el número 36-26, de fecha 6 de julio de 2026.
La información fue dada a conocer por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, mediante una comunicación fechada el 9 de julio de 2026, en la que se notifica la promulgación de la pieza aprobada por el Congreso Nacional.
En la comunicación, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, informó además que la Ley 36-26 se encuentra en proceso de publicación en la Gaceta Oficial para su entrada en vigor conforme a las disposiciones legales.
La nueva legislación, sometida al Senado por Antonio Marte (PPG-Santiago Rodríguez) , modifica la Ley 225-20, del 30 de septiembre de 2020, que ya había sido reformada previamente por la Ley 98-25, del 15 de diciembre de 2025.
El presidente de la República promulgó la Ley 36-26 con cambios dirigidos a fortalecer el financiamiento del sistema nacional de gestión de desechos, incentivar el reciclaje y reforzar las medidas de protección ambiental.
La nueva legislación establece una nueva escala para la contribución especial que realizan las empresas al fideicomiso público DO Sostenible, tomando como referencia sus ingresos brutos.
Asimismo, dispone que esos aportes podrán ser deducidos del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el propósito de incentivar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.
Entre las principales novedades, la reforma también prohíbe la importación de productos fabricados con foam (poliestireno expandido), como parte de las acciones para reducir el uso de materiales altamente contaminantes y promover alternativas más sostenibles.
La ley, además, actualiza diversas disposiciones de la Ley 225-20 para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos, impulsar la economía circular y mejorar los mecanismos de recolección, valorización y disposición final de los desechos.
La Ley 36-26 fue promulgada por el Poder Ejecutivo luego de su aprobación en el Congreso Nacional y entrará en vigor conforme a las disposiciones establecidas tras su publicación en la Gaceta Oficial.
Nueva ley aumenta aporte de grandes empresas y vuelve deducible la contribución del ISR
La Ley 36-26 introduce una nueva escala de contribuciones que obliga a las empresas de mayores ingresos a realizar aportes más elevados al sistema de gestión de residuos y restablece la posibilidad de deducir ese pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La principal diferencia con la Ley 98-25, aprobada en diciembre de 2025, es que el nuevo texto sustituye la escala de seis tramos por una de doce categorías, lo que distribuye con mayor detalle las contribuciones según los ingresos de las empresas.
Mientras la legislación vigente fijaba un aporte máximo de RD$675,000 para las empresas con ingresos superiores a RD$100 millones, la reforma eleva el tope hasta RD$2.2 millones para las compañías con ingresos que superen los RD$2,500 millones anuales.
La reforma también dispone que la contribución vuelva a ser deducible de la renta bruta para fines del Impuesto Sobre la Renta, una posibilidad que había desaparecido con la Ley 98-25 y que había generado cuestionamientos entre el sector empresarial y tributario.
Otro cambio relevante es que las empresas privadas pagarán la contribución en dos cuotas: un 50 % junto con la declaración jurada del ISR y el 50 % restante seis meses después.
Además, la ley ordena que el Estado aporte, a través del Presupuesto General, un monto equivalente a lo recaudado por la DGII para fortalecer el financiamiento del sistema de gestión de residuos.
La legislación también flexibiliza el aprovechamiento de los residuos al permitir que los generadores los entreguen separados en orgánicos e inorgánicos para su valorización y endurece las restricciones a los plásticos de un solo uso, y prohibe la importación de pajillas, cubiertos, vasos y otros productos de foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
Promulgación a pesar del rechazo de gremios empresariales
La modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos enfrentó una fuerte oposición de organizaciones empresariales durante su paso por el Congreso Nacional, que cuestionaron tanto el contenido de la iniciativa como la rapidez con que fue aprobada.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) fue una de las primeras entidades en manifestar su rechazo, al considerar que la reforma fue conocida mediante un procedimiento de urgencia que limitó el debate y la participación de los sectores afectados.
La organización calificó la iniciativa como un nuevo “golpe de bolsón” para el sector productivo y sostuvo que reformas de esa magnitud debían ser objeto de un proceso más amplio de consultas y análisis técnico.
En la misma línea se expresó la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), que advirtió que el nuevo régimen de contribuciones incrementaba las cargas económicas para las empresas, y sin estudios técnicos que justificaran su impacto.
Posteriormente, tras la aprobación definitiva de la reforma, reiteró que las modificaciones generan inseguridad jurídica al cambiar nuevamente las reglas de una legislación aprobada apenas meses antes, y afecta la planificación financiera y las inversiones del sector comercial.
Las críticas también provinieron de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que cuestionó el conocimiento acelerado del proyecto y la falta de consultas con los sectores involucrados y las instituciones responsables de aplicar la ley.
La entidad advirtió que el esquema de contribuciones representa una carga significativa para el aparato productivo nacional. Pese a esos cuestionamientos, el Congreso aprobó la reforma y el Poder Ejecutivo la promulgó.
La nueva legislación reorganiza el sistema de contribuciones que deberán realizar las personas jurídicas para financiar la gestión integral de los residuos sólidos, establece un nuevo mecanismo de pago administrado por la DGII, dispone aportes del Estado al fideicomiso del sector y mantiene restricciones a los plásticos de un solo uso.