Desalojar a una gente pobre de una propiedad alquilada pero que tienen años sin pagar un centavo, puede parecer una injusticia. Pero piense en el dueño de la propiedad que tiene años sin cobrar y no puede desalojar al inquilino.
Una situación confusa y difícil de digerir salvo que el gobierno no ayude a esa familia pobre a adquirir la propiedad si el valor de esta no supera los 500 mil pesos.
Estamos hablando de propiedades que pagan una renta entre 5 y 10 mil pesos.
Pero hay personas más pudientes que abusan de la impunidad que le da la justicia para mantenerse viviendo por años sin pagar el alquiler.
Tambien usando locales comerciales como si fueran de su propiedad. Desalojarlo es casi imposible y esos inquilinos buscan todas las formas posibles de justificar su permanencia en una propiedad que no es suya.
Inclusive, hay inquilinos que pagan el mismo alquiler hace 20 años y no hay forma de que el dueño ajuste ese monto.
Y si no quiere recibir el dinero el inquilino lo deposita en el Banco de Reservas y con eso resuelve su problema.
¿Como se desarrolla el mercado inmobiliario en estas condiciones, donde no hay una ley de inquilinato que ponga coto a esos abusos?
Actualmente hay un proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios en la Cámara de Diputados que será sometido a vistas públicas el próximo 27 de junio.
Esta la ley sería la que establezca las condiciones para rentar viviendas o cualquier otro inmueble para uso comercial, industrial, artesanal, profesional, técnica, asistencial, cultural, docente, recreativo, de actividades y servicios públicos, o de cualquier otra actividad lícita.
Pacheco exhortó a los ciudadanos a interesarse por el proyecto de ley que excluye los terrenos urbanos y suburbanos, las fincas rurales, las pensiones y hospedajes que acrediten su registro ante la autoridad competente, lo mismo que los mercados y los espacios para parques o empresas de zonas francas, así como los espacios de dominio público.
Terminemos con esa impunidad