Por José Alfredo Guerrero
Esta es otra de las leyendas urbanas más comunes en las redes y lleva esta estructura: “Mientras estábamos entretenidos con (la tendencia morbo de la semana), el gobierno vino rián-rián y su congreso sello gomígrafo le aprobó 500 millones dólares en préstamos.”
Ya es tan común que es probable algunos influencers tengan el mensaje guardado para proceder simplemente a llenar el espacio para la frivolidad de moda y el monto conque han sorprendido a la sociedad “por el apetito insaciable de endeudarse para hipotecar a las futuras generaciones.”
En ese libro compilé artículos de opinión publicados en la prensa nacional donde ese “palo acechao” fue de las ideas hice polvo.
De entrada, no son artículos que son apología al endeudamiento público, el modelo ideal de sociedad es impuestos cero y deuda cero, pero ese es otro tema.
El punto es que ese evento no existe porque el plan de financiamiento es parte integral del presupuesto que aprueba el congreso, donde se autoriza a contratar los recursos para cubrir el déficit presupuestario y pagar la amortización de deuda.
El artículo 233 de la Constitución lo pone “más claro que una lámpara y tan simple como un anillo” de esta forma: “Artículo 233.-
Elaboración del presupuesto. Corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, el cual contempla los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido, realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado”.
El texto con ejemplo numérico es como sigue: El presupuesto presenta gastos estimados de 100, dentro de los cuales está el pago de intereses de la deuda vence en el año, pero de ingresos se tiene una proyección de 80; los 20 que faltan, el déficit, hay que salir a buscarlo en los mercados de capitales, principalmente con la emisión de bonos soberanos.
Pero a esos 20 hay que sumar los 15 que corresponden a pagos de amortización de la deuda ya contratada, de manera que se prepara un plan de financiamiento con 35 dentro de la pieza que presenta el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo.
¿El artículo da un poder al presidente para endeudar al país a lo loco? No. Preste atención a eso de buscar préstamos “asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado.”
Esto significa que para cada ejercicio presupuestario las tres entidades que componen el Consejo Deuda Pública (Banco Central, Hacienda y Economía) presentan al inicio del ciclo presupuestario un monto a tomar prestado que permite mantener la deuda en un escenario de sostenibilidad, es decir, los recursos se espera que generen riqueza (crecimiento PIB) y conseguir los fondos para ir pagando capital e intereses de manera cómoda, sin sobresaltos o teniendo que buscar deuda para pagar deuda.
En todo caso, “a lo loco” no nos podemos endeudar porque, aunque tengamos las ganas, los acreedores no nos dejan. La deuda dominicana está colocada en bonos que se compran de manera voluntaria evaluando el perfil de riesgo soberano frente a decenas de países competidores.
Nos podemos ir con toda la sed a la tinaja, pero agua suficiente no encontrará.
Cuando el Congreso, en consecuencia, aprueba un plan de financiamiento de 35 ya cumplió su papel y no tiene que cuestionar la sostenibilidad de la deuda ni poner peros a préstamos o emisiones que llegarán entre enero y diciembre.
A lo sumo debe estar sumando si los recursos tomados no exceden lo aprobado, ver si una emisión de bonos no se despega mucho de los valores que tuvo el índice de riesgo para países emergentes (el EMBI) o que no hay un brinco de maco en las tasas del préstamo de una multinacional.
Es una labor rutinaria. El cobre debieron batirlo cuando les llegó el libraco del presupuesto, pero el 99.3% del tiempo es natural que los congresistas se lo dediquen a ver si las obras aspiran para su provincia están puestas en los anexos y defender como fieras si quitaron un kilómetro de carretera o no aparece un camino vecinal.
Por eso resulta tan ridículo ver a congresistas aprobar el presupuesto en noviembre, con el plan de financiamiento, y en enero salir a criticar la emisión de los soberanos con que la Dirección General de Crédito Público empieza a cumplir con su función.