Por: Yanio Concepción
El país se dirige hacia una nueva dimensión de cambios con bloques económicos, sociales y políticos mundiales, que impactarán la economía nacional y los niveles salariares de todos los sectores productivos.
El gran reto que tendrá el país y los ciudadanos dominicanos en el 2024-2025, será la reforma fiscal que exige el FMI, una tarea pendiente por décadas, que tiene como soporte incentivar los salarios
generales, según la misión del Directorio del FMI en República Dominicana.
En el caso de la República Dominicana, aunque la economía ha sido una de las más dinámicas y resilientes del continente americano en las últimas dos décadas, requiere de una nueva visión social colectiva en los sectores de las economías, donde se pueda acordar ajustes salariales para combatir las iniquidades sociales.
Una reforma fiscal implicaría medidas para mejorar la recaudación de impuestos, reducir el déficit fiscal, fortalecer la sostenibilidad de la deuda y promover la eficiencia del gasto público, además de incluir cambios en impuestos y políticas económicas para alcanzar objetivos financieros y macroeconómicos específicos.
Ahora bien, ¿cuál es el compromiso y el acuerdo que harían los capitales para continuar el crecimiento económico en el país?
Veamos el concepto de la expresión “asalariado pobre” se refiere a una persona que trabaja como empleado asalariado pero que no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas o para salir de la pobreza.
Es decir, a pesar de tener un empleo remunerado, esta persona sigue viviendo en condiciones de pobreza debido a su bajo salario.
El término “pobreza laboral” se refiere a la situación en la que una persona que trabaja sigue viviendo en condiciones de pobreza, a pesar de tener un empleo.
Esto puede deberse a salarios bajos, empleos precarios, falta de beneficios laborales adecuados o una combinación de estos factores. La pobreza laboral es un fenómeno que destaca la importancia de no solo tener trabajo, sino también de asegurar que dicho trabajo proporcione un nivel digno y suficiente para cubrir las necesidades básicas.
Considerando que el salario mínimo promedio nacional de los trabajadores dominicanos, según la resolución 01-2024, es de RD$19,352.50, equivalente a US$322.54 mensual, se hace necesario un acuerdo nacional, para contrarrestar los efectos de la reforma fiscal, asegurar el desarrollo de la economía familiar y garantizar la dignidad de los trabajadores.
Obviamente esto deberá estar acompañado de la modificación de la ley de seguridad social, para los seguros de vejez, discapacidad y sobrevivencia, riesgos laboral y seguro familiar de salud.
Recientemente la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), aseguró que el segundo salario promedio cotizable del país los encabeza el sector financiero, y se mantuvo en 2023 como el segundo más alto de todos los registrados en la Tesorería de la Seguridad Social con RD$53,477, solo superado por el sector minería.
El contexto económico nacional e internacional nos llama a mantener la prudencia. Las perspectivas de crecimiento que plantea el Fondo Monetario Internacional FMI, nos explican que “la proyección de crecimiento mundial a cinco años, de 3,1%, es la menor de las últimas décadas”, la economía mundial continuará creciendo un 3,2% en el 2024, en América Latina y el Caribe será de 2%, se prevé inflación mundial de 5,9% en 2024, a nivel nacional.
Reorganizar la economía nacional, con las nuevas autoridades electas y designadas, con un presupuesto en curso, amerita la integración de la clase empresarial y política y constituye un gran desafío económico, además del impacto que pueda generar las elecciones en EEUU.
Es apremiante la conciencia política-empresarial y social, para un pacto nacional, para continuar el crecimiento económico y la prosperidad de la economía familiar, en el país.